Diversas han sido las reacciones de los legisladores tras conocerse que el Tribunal Constitucional (TC) acogió parte los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por la oposición en contra de cuatro normas del proyecto de reforma laboral recientemente aprobado.
Los senadores Hernán Larraín y Andrés Allamand calificaron la decisión «como un gran triunfo para los trabajadores 
chilenos».
Cabe recordar que el TC declaró inconstitucional la titularidad sindical. En cuanto a la extensión de beneficios, se acordó acoger parcialmente el reclamo respecto de los nuevos afiliados al sindicato.
De acuerdo con lo publicado en el sitio electrónico del Senado, Larraín calificó la resolución «como un gran triunfo para los trabajadores chilenos», y agregó que «gracias a este fallo, los trabajadores no afiliados no van a estar obligados a afiliarse. Es una gran derrota de la idea de monopolio sindical y al mismo tiempo de esta idea de convertir a la empresa en un campo de batalla».
Aseguró, además, que «creemos que es algo extraordinariamente positivo que obliga al Gobierno a repensar su forma de trabajar los temas laborales. El Ejecutivo se ha equivocado medio a medio y además ha causado un enorme daño al empleo que ya está sintiendo sus primeras señales», argumentó el senador UDI.
Allamand (RN), en tanto, agregó que «estuvieron un año intentando hacerle ver al Gobierno que pretender establecer un monopolio sindical y obligar a los trabajadores a afiliarse a un sindicato para obtener la extensión de beneficio era injusto e inconstitucional y hoy este fallo confirma que nuestros argumentos jurídicos eran absolutamente sólidos».
De igual manera, dijo que «el lunes, durante las audiencias, ambos expusimos nuestros argumentos y el tribunal le ha dado la razón a Chile Vamos y ha demostrado que el Gobierno se empeña en hacer las cosas mal. Lo que están haciendo es incoherente y antidemocrático. Si uno comparece frente a un tribunal es porque lo respeta y no se puede, una vez que el tribunal no le da la razón pretender desconocerlo, que es lo que hace siempre la CUT, el Partido Comunista y muchas veces la Nueva Mayoría».
Retroceso
Desde la otra vereda, la senadora Carolina Goic lamentó el fallo asegurando que le parece que «hay un retroceso respecto de lo que habíamos avanzado en la aprobación de la ley».
«Hacemos un llamado al Gobierno, y lo conversaremos en el comité político, para ver cuáles son las alternativas que existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico para tratar de fortalecer la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores organizados de nuestro país, que es el sentido de este proyecto», enfatizó.
«Lamentamos la vía que se ha utilizado por parte de la derecha para evitar que podamos fortalecer la capacidad de negociación y la mejor negociación colectiva de los sindicatos en nuestro país. Es necesario, sin dudas, conocer el contenido completo del fallo para ver sus alcances, y eso es muy importante», hizo ver la congresista.
«Me parece que el caso del derecho de información, así como lo que logramos por la aprobación de toda la Nueva Mayoría en materia de negociación inter-empresa se mantiene tal cual, y al menos en esos aspectos tenemos avances», valoró.
«Supra poder»
Por su parte, el senador Alejandro Navarro reconoció que «hoy la Nueva Mayoría debe asumir su error, ya que fue una irresponsabilidad política inexcusable de parte de sus partidos elegir al ex diputado Letelier como miembro del TC, ya que era clara su falta de neutralidad a la hora de fallar».
Planteó que «los trabajadores tienen el derecho a rebelarse, y yo los voy a acompañar en esa acción. Porque seguir pidiéndole que confíen en el Congreso o en el Gobierno es tratarlos como niños de pecho», ironizó.
De igual manera, calificó como un «supra poder» al TC. «Es hora de revisar si este tribunal es hoy el instrumento que la institucionalidad constitucional del Siglo XXI requiere para representar el interés y los derechos de la ciudadanía en su conjunto».
A su juicio, «es inaceptable que este ‘supra parlamento’, esta tercera cámara, borre de un plumazo el duro trabajo de dos años de parlamentarios, Gobierno, sindicatos y trabajadores. Hoy puede modificar y eliminar compromisos presidenciales y programas de Gobierno, aprobados ampliamente por el electorado, el parlamento y la ciudadanía».
«Si la titularidad sindical es contraria a esta Constitución moribunda, queda claro que para seguir avanzando en reformas estructurales es necesario antes cambiar esta nefasta Constitución», enfatizó Navarro.
Veto presidencial
En tanto, este jueves 28 de abril, la Presidenta Michelle Bachelet sugirió que el Gobierno utilizará el veto presidencial, pero que primero esperará el detalle de la resolución del Tribunal Constitucional.
«Esperaremos conocer el fallo completo del TC, pero no tengan dudas que buscaremos todos los caminos que nos entrega la ley para que la relación entre empresarios y trabajadores sea más justa de lo que hoy existe», puntualizó la jefa de Estado.