En Tribunal Ambiental: Alegan por aumento de la cuota de pesca de la merluza austral
Oceana llegó al Tribunal luego que el Minecon rechazara la solicitud de invalidación presentada contra el decreto supremo.

domingo 3 de julio, 2022
Oceana llegó al Tribunal luego que el Minecon rechazara la solicitud de invalidación presentada contra el decreto supremo.
«Lo que antes se buscaba en Santiago y sus grandes estudios, hoy está disponible en el sur», aseguró uno de los socios fundadores.
La propuesta, ratificada en tercer trámite en la Cámara, viene a enmendar la Ley de Pago a 30 días, en lo principal, para reforzar el carácter excepcional de los acuerdos que puedan celebrar entre sí las empresas para prolongar el pago de las facturas.
La discrepancia con el Senado radicaba en una norma impulsada por la Cámara de Diputadas y Diputados que limitaba el acceso del beneficio solo para los trabajadores de las pymes, en el entendido que las grandes empresas podían asumir el alza remuneracional. Con el rechazo, no habrá norma sobre ese punto.
Luego que quedara en evidencia que las pymes no veían mejoras a su liquidez por el concepto del pago de facturas, el Ejecutivo presentó una propuesta para minimizar las situaciones que imposibilitan la cancelación dentro de 30 días.
La propuesta enviada ahora al Senado viene a enmendar la Ley de ago a 30 días, en lo principal, para reforzar el carácter excepcional de los acuerdos que puedan celebrar entre sí las empresas para prolongar el pago de las facturas.
Luego de escuchar a las partes, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta deberá pronunciarse sobre los aspectos ambientales y técnicos del proyecto.
Cruz Grande se emplazaría a solo cinco kilómetros de donde pretende instalarse el proyecto mineroportuario Dominga de Andes Iron, el cual se encuentra actualmente rechazado.
«Esta excepción a la Ley de Pago a 30 días beneficiará a más de 100 mil contribuyentes de la región», asegura el seremi de Economía en Los Lagos.
La propuesta otorga mayor protección a las pymes, prohibiendo la celebración de acuerdos con grandes empresas que alteren el plazo de pago de treinta días, salvo que estos sean en beneficio de las primeras, en su calidad de acreedoras.