Salmonicultores de Magallanes valoran proyecto de ley que exige transparencia a la industria
«Este proyecto es una oportunidad positiva para seguir avanzando hacia una mayor sustentabilidad», puntualizó el presidente del gremio.

domingo 1 de octubre, 2023
«Este proyecto es una oportunidad positiva para seguir avanzando hacia una mayor sustentabilidad», puntualizó el presidente del gremio.
Tras escuchar a representantes de la Conapach, la Comisión de Pesca concluyó el análisis del texto legal y acordó, entre otras cosas, que la captura del salmón escapado por parte de pescadores artesanales será denominada como “pesca accidental”.
Llaman a las y los senadores miembros de la comisión sectorial a mantener el proyecto de ley tal cual fue aprobado en la Comisión de Pesca de la Cámara.
«Es una propuesta impulsada por la Confederación, que determina cambios importantes para el desarrollo sustentable de la pesca bentónica y su desarrollo», subrayó el timonel de la Conapach.
El dirigente acusa arbitrariedad, desigualdad y poca transparencia en las decisiones adoptadas por la autoridad pesquera y lamenta que todas las normas atenten contra la sustentabilidad de los recursos.
La propuesta, ratificada en tercer trámite en la Cámara, viene a enmendar la Ley de Pago a 30 días, en lo principal, para reforzar el carácter excepcional de los acuerdos que puedan celebrar entre sí las empresas para prolongar el pago de las facturas.
La discrepancia con el Senado radicaba en una norma impulsada por la Cámara de Diputadas y Diputados que limitaba el acceso del beneficio solo para los trabajadores de las pymes, en el entendido que las grandes empresas podían asumir el alza remuneracional. Con el rechazo, no habrá norma sobre ese punto.
El texto legal, que deberá regresar a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados por haber sido objeto de indicaciones, otorga mayor participación a las mujeres que realizan dicha actividad.
Luego que quedara en evidencia que las pymes no veían mejoras a su liquidez por el concepto del pago de facturas, el Ejecutivo presentó una propuesta para minimizar las situaciones que imposibilitan la cancelación dentro de 30 días.
La actividad, organizada por el Centro de Derecho Ambiental de la UChile, busca generar procesos de reflexión con diferentes actores de cara a un eventual proceso constitucional.