La LGPA creó esta institucionalidad cuyos miembros duran cuatro años en su cargo, renovándose por parcialidades cada dos años.

«Esto es muy relevante porque demuestra que se puede trabajar y llegar a acuerdo entre quienes realizamos nuestra actividad en las aguas interiores de la región», destacó el timonel del gremio de salmonicultores.

Son siete de los cupos de los tres Comités Científicos Técnicos de Acuicultura que deben ser renovados, de acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuicultura.

La ONG ambientalista Oceana sostuvo que la aprobación para instalar nuevos sitios de cultivo de salmónidos en la Región de Aysén evidencia la «fuerte influencia de los poderes económicos» sobre las autoridades nacionales.

Algunos de los argumentos escrigimos por el gobierno es que no se otorgará la relocalización sobre bancos naturales ni caladeros de pesca y además, los sitios que son dejados por concesiones que se relocalizan no podrán volver a ocuparse con centros salmonicultores.

El Ministerio de Desarrollo Social anunció que deberá realizar la consulta indígena previo a que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas emita el decreto de afectación de nuevas Áreas Aptas para la Acuicultura (AAA).

Realizaron taller para proyectar el trabajo en el río Lingue en conjunto con las organizaciones locales.

Organizaciones ambientalistas -como Oceana-, de pueblos originarios y los alcaldes de las comunas de Tortel, Guaitecas y Cisnes, reiteraron sus cuestionamientos a la iniciativa.

La representante de los pueblos originarios en la CRUBC de Aysén, Marcia Nahuelquín, aseguró que no se ha respetado lo que establece el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a impulsar una consulta indígena cuando existan materias administrativas o legales que les afecten.

El senador Alfonso De Urresti ofició al GORE de Los Ríos argumentando que la instalación de centros de engorda de salmón no cumpliría lo determinado por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero.