Los reclamantes sostuvieron que el SEA no consideró debidamente las observaciones ciudadanas, mientras que el organismo fiscalizador aseguró que todas fueron respondidas en la evaluación del proyecto.

Se trata de una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) que reconocería los usos ancestrales y consuetudinarios que familias locales tendrían sobre el área.

La iniciativa, ahora enviada a comisiones por ser objeto de indicaciones, impugna la Ley 20.657, que modificó la Ley de Pesca en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización. El Ejecutivo reclamó sobre los efectos de la medida e hizo reserva de constitucionalidad sobre la materia.

La presidenta de la Asipes dijo -entre otras cosas- que «no puede ser un triunfo para nadie el avanzar en desmantelar la institucionalidad por la vía de proyectos que no existen en la legislación chilena».

Las mujeres y hombres de mar piden que el Estado asegure que las leyes vigentes para el resto del territorio nacional se cumplan en las islas «privadas», como es el libre acceso a las costas, acceso al abastecimiento de agua y acceso como lugar de resguardo para pescadoras y pescadores artesanales.

«Son tiempos difíciles y esperamos que este aporte de la empresa permita a la comunidad generar ingresos para sobrellevar los efectos del Covid», puntualizó el gerente de Comunidades de la compañía.

La empresa también confirmó que hay seguros comprometidos.

En paralelo, se sumó una denuncia de comunidades indígenas de isla Quihua.

Debido a que dos de los cuatro pozos con los que cuenta el recinto no han obtenido la calificación ambiental favorable respectiva, para la disposición de residuos industriales sólidos.