La iniciativa busca el compromiso con el consumo responsable de productos del mar.

A fines de 2019 se rechazó el acuerdo, y hoy tiene en conflicto a los pescadores artesanales de Chiloé y Melinka, que eran parte del anterior acuerdo de zonas contiguas.

En solo quince días se han efectuado más de 600 certificaciones de desembarque en la región del Biobío.

La entidad asegura que la sola instalación superaría los $7 millones, y su mantención alcanzaría unos $300 mil por mes.

Así lo aseguró la directora nacional del ente fiscalizador en el seminario “Sustentabilidad y alimentación, los desafíos de la pesca a nivel global”, donde se abordaron los avances y perspectivas para el sector.

Central sindical que los agrupa exige que sea con participación ciudadana.

«Nunca le he seguido el juego a los dueños de la pesca industrial», aseguró el congresista.

«El senador Quinteros está siendo funcional a la industria pesquera», afirmó el presidente de la entidad artesanal.

El análisis fue elaborado por Fundación Terram.

Contará con rueda de negocios organizada por Corfo, Editec y el gremio salmonicultor de Magallanes.