«Las empresas beneficiadas por esta situación son las mismas que forman parte del cuestionamiento en su actuar durante la tramitación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, situaciones que han derivado en acciones judiciales a legisladores, es decir, en palabras simples, son empresas que no tienen ‘los papeles limpios'», argumentó la entidad de la pesca artesanal.
