“Podemos proyectar un futuro auspicioso para la actividad, en la medida que sepamos identificar los elementos clave que deben ser abordados sin dilaciones por la institucionalidad pública y por los acuicultores”, argumentó Román Zelaya.

Expusieron personeros nacionales e internacionales.

El ente contralor subrayó que es posible concluir que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se ajustó a derecho al denegar la solicitud de ampliación de plazo de paralización de operaciones.

El presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Óscar Garay (en la foto destacada), adujo que la mirada del órgano revisor pone en riesgo a la actividad, pues obliga a utilizar todas las concesiones para no perderlas, con las consecuencias sanitarias que eso implicaría.

El máximo tribunal del país consideró que la empresa es responsable del daño producido en la bahía por el rompimiento de una cañería de transporte de hidrocarburos por el buque tanque “Mimosa” y que provocó el vertimiento de 37.800 litros de combustible en la zona.

El organismo que lidera Jorge Bermúdez se apega a lo escrito en la LGPA y amenaza con caducar concesiones que no se utilicen. Industria defiende uso de reglamento complementario que permite el descanso de las zonas y solicita nuevo pronunciamiento.

“Es muy curioso que el proyecto busque imponer dicha restricción en la región, cuando en otras sí se permite la renovación, aunque por menos tiempo”, argumentó el timonel del gremio magallánico.

La legisladora hizo hincapié en la importancia de levantar una mesa de trabajo que incorpore a todos los actores de la industria.

El surfista y activista Ramón Navarro expone inquietudes sobre el crecimiento de la industria del salmón.

Durante el año se han decomisado más de 80 toneladas de salmón robado.