La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) de Corfo entregó la distinción en Producción Limpia a 66 instalaciones, entre Embarcaciones de Alta Mar (PAM) y Artefactos Navales (AN), de las empresas Compañía Pesquera Camanchaca, Camanchaca Pesca Sur, Blumar, Orizon, Corpesca y PacificBlu, que lograron el 100% de cumplimiento de cada una de las acciones y metas del acuerdo.

Estas empresas representan el 65% de la actividad industrial en el país en términos de embarcaciones registradas, con seis mil trabajadores directos y aproximadamente 70 embarcaciones de alta mar.

Alicia Gallardo, subsecretaria de Pesca y Acuicultura, felicitó y destacó el compromiso de las empresas que adhirieron a este APL. “Esta era una tarea ambiciosa y hoy distinguir que hubo un 100% de cumplimiento es valioso para nuestro país y la sustentabilidad de los océanos. Pudimos ver superar la meta inicial en la reducción de residuos, lo que es importante para cuidar nuestros océanos y la biodiversidad y tener este pulmón para los próximos años, por ello agradecemos y felicitamos a todos quienes son parte de este trabajo”, afirmó.

Según el Informe de Evaluación de Impacto del APL, se verificó una reducción del 33% en la generación de residuos totales del sector, superando con creces la meta inicial del 10%. Además, entre 2018 y 2020 hubo una reducción del 75% de residuos de papel y cartón, seguido por los tetrapack con un 52%.

Si bien se mantuvo la forma de retiro y disposición final de los residuos sólidos asimilables a domiciliarios, se registró una baja considerable de la cantidad entregada, debido al trabajo para reducir la generación de estos. Así, de 6.542 kg enviados a vertedero municipal en 2018, bajó a 3.163. kg en 2020, lo que equivale a un 52% menos; en tanto que en 2018 se enviaron 68.048 kg. a relleno sanitario, llegando en 2020 a 38.304 kg. (-44%).

En ese sentido, el presidente de Sonapesca, Osciel Velásquez, expresó que “hace varios años trazamos una hoja de ruta para desarrollar un trabajo de una nueva pesca en Chile, una más sostenible y responsable, en la que nos hacemos cargo de la reutilización y reciclaje de nuestros residuos. Acciones que se suman al reciclaje de redes de pesca, limpieza de playas, fomento del consumo de productos del mar sanos y nutritivos e iniciativas de economía circular en la producción pesquera”.

Según indicaron, esta preocupación de la pesca industrial nace por la tendiente necesidad de descontaminar los mares, sobre todo de plásticos, ya que según un estudio desarrollado por Science, “Entradas de desechos plásticos de la tierra al océano”, en 2010 ya había un total aproximado de ocho millones de toneladas de plástico en el mar, como bolsas, botellas, empaques, juguetes y otros productos desechables.

Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático dijo que es muy notable que la meta inicial del APL se haya elevado considerablemente y que se instale la cultura del reciclaje y de valorización en la industria pesquera. “Esta industria ha dado pasos significativos para hacer más sostenible la actividad y debemos trabajar en la profundización de estas medidas, particularmente en lo que se refiere a residuos. Es tremendamente valioso porque como país tenemos una gran deuda en materia de residuos domiciliarios.”, afirmó.

El desarrollo del APL contó con el apoyo técnico del Ministerio del Medio Ambiente, Subsecretaría de Pesca, Sernapesca y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar).

Fotografías: Sonapesca

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En este contexto, enfatizan, el objetivo es evaluar claramente el caso de cada fuente laboral y prepararse a trabajar sin riesgos, «pero hay que evitar a toda costa paralizar la producción».

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Así lo dijo Juan Carlos González, presidente del Sindicato de Oficiales Patrones y Pilotos de la Flota Pesquera Industrial, entidad interempresas que es parte de la CTCh y que el fin de semana reunió en Santiago (región Metropolitana) a sus dirigentes para analizar la contingencia social, política y planificar actividades.

«En el caso del coronavirus, Chile no puede darse el lujo de no considerar la voz de su sector laboral, de seis millones de compatriotas, y los responsables de las fuentes de empleo. Hay que seguir produciendo y trabajando con estrictas normas de seguridad ante la pandemia», adujo el dirigente.

Luego, recordó que la Central está llamando a votar apruebo y convención constitucional en el plebiscito que busca alcanzar una nueva Constitución para Chile y que, en la medida que las circunstancias lo permitan, se reunirán antes en un congreso de bases que planean concretar en agosto.

Por lo que dice relación estrictamente con el rubro pesquero, González comentó que observan lo que se está debatiendo en el Congreso, como el proyecto de suprimir el arrastre para la merluza, y no están participando «directamente considerando que para intentar detener la errónea Ley de la Jibia realizamos esfuerzos gigantescos y aún así el sector laboral formal de esta actividad no fue tomado en cuenta por los legisladores».

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Ahora, aseguró, «algunos de ellos que apoyaron la Ley de la Jibia dicen que no están de acuerdo con suprimir el arrastre en la merluza por el aspecto laboral, que era lo que les advertimos,  y otros indican que reconocen que es una atribución administrativa (del Ejecutivo) determinar artes de pesca, cosa que no reconocieron ellos mismos antes. Entonces, que corrijan la ley, aunque también han ocurrido otras situaciones en relación a los efectos que se preveían con la Ley de la Jibia, que hace que los dirigentes de trabajadores pesqueros estemos analizando la contingencia pesquera con mucho cuidado», concluyó el timonel del Sindicato de Oficiales Patrones y Pilotos de la Flota Pesquera Industrial.

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*Fuente de la foto destacada (de contexto): PacificBlu.

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A continuación lo reproducimos íntegramente:

«El intendente del Biobío, Sergio Giacaman, junto con representantes de trabajadores de la industria pesquera de esta región, se reunieron con el ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward Edwards, para solicitar que el Gobierno se pronuncie y exija presentar la mayor cantidad de información técnica y científica en la discusión de los distintos proyectos de ley que han presentado algunos diputados, como el de la jibia, que se están transformando en malos y perjudiciales.

Este miércoles (4 de marzo) se empezó a discutir en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados el proyecto de ley presentado por los diputados Alexis Sepúlveda y Jorge Brito, en donde se pretende eliminar la pesca de arrastre para la merluza común. Para los trabajadores de la industria le parece insólito que se presente un proyecto en donde se menciona un solo arte de pesca, cuando existen otros artes más dañinos y reconocidos mundialmente, como es el enmalle, principalmente en las que quedan a la deriva. Entonces lo lógico es revisar todos los artes de pesca, porque todos tienen algo negativo respecto a su desarrollo.

Por otra parte, los trabajadores solicitaron al ministro de Estado que haga sentir conciencia dentro de los parlamentarios que para implementar una buena ley, hay que contar con todos los informes técnicos y científicos posible, para que no ocurra lo que hoy sucede con la especie jibia.

Siempre dijimos que los pescadores artesanales no serían capaces de abastecer a la industria pesquera, principalmente en la región del Biobío, ya que sus naves no cuentan con un sistema de refrigeración que permita llegar con las jibias en condiciones de ser procesadas, debido a que este recurso se descompone en muy poco tiempo, y también por las condiciones climáticas existentes en esta zona. Un claro ejemplo está manifestado en Lebu, donde se botaron 20 toneladas de esta especie en los cerros, al no poderlas vender, porque estaban en proceso de descomposición.

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Finalmente, los trabajadores solicitan que los parlamentarios, fundamentalmente los patrocinadores de estos proyectos, y en especial el diputado Sepúlveda, explique cómo sus representados, los pescadores artesanales de la región del Maule, reconocieron el 16 de mayo de 2019, ante el Comité de Manejo de Merluza Común, que están pescando 50 mil toneladas de la especie merluza gayi o común; y para dejar de cometer este ilícito necesitan que los autoricen a capturar 13 mil toneladas, cuando por ley están autorizados a capturar 3.600 toneladas.

Los trabajadores de la industria pesquera esperan que, en esta oportunidad, los señores parlamentarios tomen conciencia y legislen escuchando a todos los reales actores en este tema y especie, y que soliciten la mayor información posible. Que no aprueben leyes por ganarle un ‘gallito’ al Gobierno, por limpiar su imagen o por conseguir unos votos, que lo hagan por el bien del país y sus trabajadores, para que no se vuelvan a equivocar como en la Ley de la Jibia en donde salimos perjudicados nosotros y también los pescadores artesanales».

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Así lo aseguró el director regional del Sence Biobío, Óscar Aliaga, durante la ceremonia de cierre de curso y entrega de diplomas, a los ocho egresados del curso «Especial de formación para ascenso de motorista segundo a motorista primero».

De acuerdo con Aliaga, este tipo de capacitaciones mejoran la empleabilidad, potencian el acceso al trabajo, fortalecen el emprendimiento y apoyan la postulación a otros proyectos.

La capacitación, de 288 horas de clases, fue dirigida a motoristas de las flotas del sector pesquero industrial, donde «es muy necesaria la preparación para mantenerse al día y poder buscar ascensos. Sin la ayuda de Sence era muy complejo tomar el curso, pues es una capacitación muy costosa», comentó Nelson Jara, actual motorista segundo de pesquera Pacific Blue.

«Es fundamental el apoyo académico y formativo para nuestros socios. Estamos hablando de cursos que cuestan sobre el millón de pesos, muy necesarios para la actualización y preparación para ascensos de nuestros asociados, y sin duda desde la perspectiva personal y social», expresó por su parte el presidente del Sindicato Interempresas de Oficiales Motoristas, Erick Riffo.

Este programa se ejecuta mediante un convenio de transferencia de fondos entre la Subpesca y el Sence para la capacitación de trabajadores y extrabajadores de la industria pesquera que hayan perdido su trabajo como consecuencia de la aplicación de la Ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura (LGPA).

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La reunión se realizó en la sede de la Gobernación y asistieron los presidente y secretario de Capitanes, Juan Carlos González y Óscar Alvear -respectivamente-, y el presidente de Tripulantes de Arrastre, Ricardo Flores.

González adujo que el impacto de la Ley de la Jibia dejó trabajadores embarcados cesantes de diversas empresas, siete barcos paralizados, líneas cerradas, más de dos mil personas -de flota y planta- sin empleo, y aseguró que quedó en el mar un capital de US$150 millones sin extraer. Y hasta el momento, añadió, no han recibido medida alguna de mitigación, «aunque la situación comenzó en enero de 2019 y las propuestas de los trabajadores deberían haber tenido solución en diciembre. Ha habido conversaciones con contrapropuestas, pero solamente verbales, nada por escrito y no podemos seguir esperando», enfatizó.

Plan

Entre los puntos del plan presentado por los trabajadores al gobierno, hace varios meses, se contempla, en lo básico, pensión de dos sueldos mínimos para los embarcados mayores de 50 años con más de diez años de trabajo en el sector. En apoyos para proyectos productivos, en tanto, se solicitó $18 milllones, todo con sus reglas específicas para acceder y con posibilidad de asociatividad.

También se planteó la convalidación de los títulos profesionales para que los afectados cesantes puedan trabajar en la marina mercante en el sur del país.

«Las respuestas, verbales, han sido pensiones de un sueldo mínimo solo para 18 mayores personas de 60 años mínimo y cuatro millones para emprendimientos. Esto cuando los datos actuales es que son -por ahora- más de 25 los afectados de más de 50 años de edad y que está internacionalmente reconocido que el promedio de edad de fallecimiento en este rubro (trabajo muy pesado) es de 62 años», dijo Ricardo Flores, advirtiendo que en su sindicato son 19 los tripulantes desempleados por la Ley de la Jibia que están en esa situación.

En cuanto a la convalidación de marina de pesca a marina mercante, Óscar Alvear recalcó que es solo una decisión política, «porque los hombres tienen los conocimientos y la experiencia para navegar en el sur».

Gastón Saavedra, por su parte, subrayó que las autoridades deben considerar que los trabajadores embarcados «no están pidiendo más que poder trabajar, dentro del rubro o en emprendimientos, y recibir la justa compensación por el impacto de la legislación».

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«Nunca le he seguido el juego a los dueños de la pesca industrial. Mi historial legislativo y las consecutivas críticas que recibo desde la industria así lo demuestran. En el caso de las indicaciones a las que alude el dirigente Cortés, lo que hemos propuesto es un mecanismo para avanzar, en todas las pesquerías, hacia mayores cuotas de consumo humano», argumentó Quinteros.

A su vez, dijo que le llamaba la atención que se le cuestione por querer avanzar en las modificaciones a la actual Ley de Pesca. «Esta legislación tiene vicios de origen y ha sido fuertemente criticada por la propia pesca artesanal desde su promulgación en 2013, pero al parecer hay dirigentes que se sienten bastante cómodos con que la legislación se quede tal y como está», expresó.

«No soy yo quien tiene que rendirle cuentas a la industria. Sabemos que hay grandes empresas que despliegan un intenso lobby para trabar los cambios de fondo y sería muy positivo y transparente saber quiénes están en sus nóminas», añadió.

Y para cerrar, afirmó que es «un convencido de que es necesario avanzar en mayores cuotas para consumo humano y en garantizar la sustentabilidad de los recursos pesqueros. Lo hicimos con la jibia y queremos que el jurel también sea una especie exclusiva para el consumo humano. Sería bueno que el señor cortés se informara mejor y no se limitara a repetir lo que alguien le pide que declare».

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«Las cifran son alarmantes, y de no lograrse que se termine la pesca de arrastre para las pesquerías señaladas, los altos precios y el pequeño tamaño de los pescados, serán el principal escollo para que se aumente el consumo familiar», argumentó el presidente de Condepp, Hernán Cortés.

En esa línea, criticó fuertemente la «indicación promovida por el gobierno y apoyada por el senador Rabindranath Quinteros», que pretende que los consejos zonales de pesca sean consultados para determinar la cuota de consumo humano, sosteniendo que, «una vez más, el senador (Rabindranath) Quinteros está siendo funcional a la industria pesquera».

Para Cortés, esta indicación «solo promoverá la corrupción, y es muy preocupante que exista tanto apuro del senador Quinteros en dejar amarrada la Ley de Pesca antes de terminar la presidencia de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado«.

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«Una vez más la región del Biobío se siente amenazada por el fantasma de los despidos. Esto debido a que parlamentarios de otras regiones siguen presentando proyectos de ley para acabar con los empleos de los trabajadores de la industria pesquera, todo por ganarse la simpatía popular del sector artesanal y de esta manera pelearse los votos de las regiones aludidas y llegar pronto al Senado.

Primero fue el diputado Daniel Núñez, de la región de Coquimbo, quien propone eliminar el arte de arrastre solo para la merluza, es decir para todo el país excepto para su región, donde se utiliza el arrastre para la captura de crustáceos. Práctica que realiza el sector artesanal dentro de las 5 millas, algo que está prohibido por ley. Es decir, el diputado plantea que en otras regiones se prohíba, pero no en la suya.

Luego fue el diputado Alexis Sepúlveda, de la región del Maule, donde se concentra la mayor cantidad de pesca ilegal. La cuota de merluza para esta región es de 3 mil toneladas, y extraen del mar 50 mil. Esta cifra la reconocieron en el Comité de Manejo de Merluza Común, donde presentaron una propuesta de captura, que supera las 13 mil toneladas. Con esta iniciativa la especie desaparecerá.

Esta semana fue el turno del diputado Jorge Brito, de la región de Valparaíso, la cual está vendiendo la cuota de merluza común a la industria. Esta es la inconsecuencia del Congreso. Si el arrastre fuera tan dañino como dice este diputado, y quiere proteger esta especie, sus representados no estarían dejando que la industria capture su cuota, como lo hicieron en Caleta Portales en el mes de septiembre, misma caleta que la semana pasada salió en la prensa pidiendo eliminar el arrastre.

Hago un llamado a los parlamentarios de la región del Biobío, así como lo hizo el intendente Sergio Giacaman, a oponerse a estos proyectos populistas y defender los empleos de nuestras comunas. Ya vivimos la experiencia y lamentamos los casi mil despidos de trabajadores de la industria pesquera por la mala Ley de la Jibia. Es hora de frenar con fuerza esta ola de amenazas que cada vez hunden más y más a nuestros compañeros y sus familias, que en su mayoría son mujeres jefas de hogar, llevando a la región del Biobío a ser la más vulnerable de aumentar su cesantía en el país».

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