El presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Óscar Garay (en la foto destacada), adujo que la mirada del órgano revisor pone en riesgo a la actividad, pues obliga a utilizar todas las concesiones para no perderlas, con las consecuencias sanitarias que eso implicaría.

El organismo que lidera Jorge Bermúdez se apega a lo escrito en la LGPA y amenaza con caducar concesiones que no se utilicen. Industria defiende uso de reglamento complementario que permite el descanso de las zonas y solicita nuevo pronunciamiento.

«Es muy curioso que el proyecto busque imponer dicha restricción en la región, cuando en otras sí se permite la renovación, aunque por menos tiempo», argumentó el timonel del gremio magallánico.

La legisladora hizo hincapié en la importancia de levantar una mesa de trabajo que incorpore a todos los actores de la industria.

El surfista y activista Ramón Navarro expone inquietudes sobre el crecimiento de la industria del salmón.

La SMA resolvió formular cargos por sobreproducción, inadecuado manejo de mortalidades, de residuos, entre otras infracciones, en los centros «Aracena 10», «Aracena 19», «Cockburn 14» y «Cockburn 23», emplazados en el Parque Nacional Alberto de Agostini en Magallanes.

«Los empresarios, en general, están preocupados por el desarrollo de la región y sienten que hay una amenaza al crecimiento y desarrollo de Magallanes de la que nadie se está haciendo cargo», adujo Oscar Garay.

AQUA entrevistó al nuevo presidente del gremio salmonicultor de la austral región.

Actualmente, la normativa contempla la renovación automática de las concesiones cada cuarto de siglo, por lo que el cambio propuesto desde el nivel legislativo es visto por la industria como un contrapunto perjudicial.

«Rechazamos que se confunda a la opinión pública, dando a entender que hubo un actuar anómalo o improvisado por parte nuestra», subrayó la timonel del organismo fiscalizador.