Organización de conservación WWF alerta sobre la crítica situación de los recursos pesqueros en Chile y llama al Gobierno a implementar los planes de manejo y de recuperación para las pesquerías agotadas.

Los participantes coincidieron en la falta de recursos humanos y tecnológicos, vacíos normativos, y la necesidad de una mayor coordinación entre las instituciones fiscalizadoras y de los Estados para la adopción de medidas regionales.

En el marco de una posible modificación a la normativa, el organismo especializado de las Naciones Unidas explicó que se realizará un estudio técnico del alineamiento de la ley, a los estándares internacionales y tratados en materia de gestión sustentable de los recursos pesqueros.

En el informe se desprende que los recursos más afectados por la extracción y comercialización ilegal fueron la merluza común (19,5 toneladas), merluza austral (6,2 toneladas) y la reineta (6 toneladas).

Los pescadores de la austral región abordaron una serie de puntos que, a su juicio, deben ser considerados por la autoridad para garantizar la sustentabilidad acuícola-pesquera.

«Sin combatir la pesca ilegal, en todas sus formas o expresiones, no será posible la conservación ni la recuperación de nuestros recursos pesqueros».

Documento presentado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) establece que siete pesquerías están en plena explotación, nueve están sobreexplotadas y otras nueve agotadas o colapsadas.

Se calcula que alrededor de 1.500 pescadores serán beneficiados con esta iniciativa, que permitirá a las caletas de Chungungo, Los Hornos, Guayacán, Coquimbo, Tongoy, Puerto Aldea, Sierra y Chigualoco -en la Región de Coquimbo- realizar sus trámites de visación y declaración de desembarque sin necesidad de trasladarse a una oficina del Sernapesca.

El proyecto desarrollado por la Subpesca a través del FIPA convirtió las coordenadas de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERBs) establecidas en el dátum local a una referencia de carácter mundial denominado WGS-84.

Esta instancia ha sido denominada como la alternativa constitucional a la anulación de la normativa que rige al sector.