La propuesta se hace cargo de una demanda histórica de quienes se desempeñan en el sector: contar con una norma que se haga cargo de las peculiaridades del rubro. La iniciativa continúa ahora su tramitación en el Congreso.

La convocatoria vigente está dirigida a mujeres recolectoras de todas las regiones con inscripción vigente en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) de Sernapesca.

La apertura del RPA de tripulantes artesanales y la disposición de fondos destinados a la acuicultura de pequeña escala, se cuentan entre las medidas que Román Zelaya abordó con dirigentes del sector, en Punta Arenas.

El mensaje introduce una serie de modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, para abordar de manera particular el desarrollo y la administración de dicho sector, los recursos involucrados y la actividad ejercida sobre ellos.

Tiene una superficie total de 29.837 metros cuadrados y es el primer acto oficial de este tipo vinculado a la nueva Ley de Caletas.

Los legisladores aludieron a que los textos legales -como el de habitabilidad en embarcaciones pesqueras y el bentónico- son fundamentales para el sector, especialmente en el marco del estallido social. En otro orden, conocieron los principales aspectos de la agenda social para la pesca y acuicultura.

En términos globales, se estima que tres de cada cuatro merluzas que se comercializan en el país no tienen origen legal.

La materialización de la medida implicará modificar el Reglamento de Concesiones de Acuicultura, tarea que asumirá la Subsecretaría.

«Ya vivimos la experiencia y lamentamos los casi mil despidos de trabajadores de la industria pesquera por la mala Ley de la Jibia», sostuvo el presidente de la Federación.

Las medidas que se aplicarán pueden incluir tratamientos farmacológicos o no farmacológicos que no podrán exceder de siete días.