El dictamen condenó a la empresa a pagar, entre otros, la indemnización sustitutiva del aviso previo ($658.865) y la indemnización por años de servicio ($5.270.920).
La impugnación fue presentada por 15 dirigentes de la entidad de distintas regiones del país y se refiere a la Resolución N° 3115 del año 2013, en la cual se excluye a los armadores artesanales de las pesquerías bentónicas.
Por falta de legitimación activa de los reclamantes el Tribunal Ambiental de Santiago no se pronunció respecto del fondo de la acción que buscaba dejar sin efecto la resolución que aprobó el proyecto “Piscicultura Río Calcurrupe”, ubicado en la Región de Los Ríos.
La resolución detalla que la suspensión establecida será «de aplicación a la actividad extractiva por embarcaciones pesqueras artesanales, de menor escala y de mayor escala”.
Una de las preocupaciones de los pescadores es a causa de las bajas cuotas que les fueron entregadas bajo la administración anterior, y que dejaron en algunas pesquerías casi 2.000 toneladas menos para su captura.
