La Comisión de Pesca, Acuicultura y Recursos Marítimos de la Cámara de Diputadas y Diputados reanudó este lunes la discusión del proyecto de nueva Ley General de Pesca (Boletín N° 16.500-21). La sesión estuvo centrada en el análisis de la propuesta del Ejecutivo de implementar subastas de licencias transables de cuotas de captura, como mecanismo para financiar una futura plataforma social para el sector pesquero.
La iniciativa ha generado profunda preocupación entre las más de 3.500 trabajadoras de la pesca industrial en la región del Biobío, quienes advierten que esta medida podría tener graves consecuencias laborales.
“Hemos logrado salir adelante, dar buena educación a nuestros hijos y mantener nuestros hogares. Y con esta ley nos dejan sin trabajo. Nos preocupa el desempleo, sobre todo el femenino”, expresaron desde las organizaciones de trabajadoras.
Riesgo de cierre de plantas y desempleo femenino
Según las dirigentas sindicales, el fraccionamiento de cuotas ya implementado en años anteriores provocó una disminución en los volúmenes de producción. A ello se suma el impacto del impuesto a las compras internacionales de jurel, que ha afectado directamente la operación de las plantas procesadoras. “La implementación de subastas traerá el cierre de plantas y despidos masivos”, enfatizaron.
Luisa Zapata Monsalves, vicepresidenta de la Asociación Gremial de Trabajadoras de Plantas de Procesos de la Industria Pesquera del Biobío y tesorera del sindicato de PacificBlu, fue enfática: “Esta ley de subastas lo que hace es cerrar la empresa al quitarle producción. ¿Dónde quedaría yo si me quedo sin empleo? Más del 60% de las trabajadoras en nuestra planta son mujeres mayores de 45 años, muchas de ellas jefas de hogar, con empleos formales y negociaciones colectivas. Esa estabilidad está en riesgo”.
El debate se da en un escenario de desempleo creciente, con tasas que, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), alcanzan un 8,9% a nivel nacional, 9% en la región del Biobío y 10,1% entre las mujeres.
Sin participación ni inclusión en la ley
Durante la sesión, expertos invitados indicaron que Chile es el único país miembro de la OCDE que ha aplicado licitaciones en pesquerías industriales, y que esta experiencia -que representa un 15% del total- no logró sus objetivos de desconcentración, derivando en una mayor concentración empresarial.
Por su parte, las trabajadoras denunciaron que no fueron consideradas en el diseño de la ley ni figuran dentro de los beneficiarios de la plataforma social que se busca financiar. “Llevamos más de 30 años levantando este sector. No somos informales, no pedimos bonos, no dependemos del Estado. Somos parte de la economía formal. Y con estas decisiones, simplemente nos van a dejar sin nada”, señaló Zapata.
Desde el Biobío, las organizaciones de trabajadoras han solicitado al Congreso detener el avance de la iniciativa en su forma actual y abrir un espacio de diálogo que incorpore sus voces y reconozca su contribución al desarrollo del sector pesquero industrial.
La Comisión continuará recibiendo a actores del sector en las próximas sesiones, antes de la votación en particular del proyecto.
Fotografía: Asociación Gremial de Trabajadoras de Plantas de Procesos de la Industria Pesquera del Biobío