El presidente Gabriel Boric encabezó este jueves en La Moneda, la presentación de la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero, que redistribuye la participación de los sectores industrial y artesanal, con el lema “avanzamos hacia una pesca más justa y con reglas claras”.
“Ante las celebraciones del Gobierno, como Federación de Trabajadores de la Plantas de Proceso de la región del Biobío, nos vemos en la obligación de alertar, que para nosotros no hay nada que celebrar. Solo las empresas que pescan y producen el jurel serán las que financien esta ley, lo que es de una injusticia que no se comprende”, aseveró la presidenta de Fesip Biobío, Juana Silva.
Agrega que el arancel que se cobrará a las transferencias internacionales de Jurel, fue el resultado de una breve discusión en la última comisión, presentado de forma improvisada, sin informes ni proyecciones y sin tiempo para que los parlamentarios pudieran analizar el tema del financiamiento. La propuesta del Ejecutivo, baja de 2 a 1,3 el gravamen del jurel, transferido internacionalmente, que equivale al 30% de aumento. “Para empresas medianas como FoodCorp o Landes es un impacto muy negativo”, asegura.
En efecto, la dirigenta advierte que el Gobierno financiará el fraccionamiento con impuestos exclusivos a la pesca industrial del Biobío, “esta región tendrá que pagar los costos de la ley, cuando son 22 pesquerías y solo se gravan las transferencias del jurel, qué pasa con las mejoras de fraccionamiento del sector artesanal a nivel nacional: absolutamente nada, porque ellos no pagarán nada”.
Advierte que las consecuencias se empezaran a manifestar a fines de este año o el próximo, “con este arancel están precarizando el empleo de una región que hoy necesita empleos de calidad, bajo su situación de estancamiento económico y desindustrialización. Este arancel exclusivo para la región, reduce la competitividad y precariza el empleo.
Fotografía: Pescadores industriales