En las postrimerías de la administración Bachelet, la segunda vuelta electoral abrió la posibilidad de contar con los votos para aprobar la ley de elección de gobernadores regionales y la ley de fortalecimiento de la regionalización.
Este marco regulatorio coloca en manos de los agentes políticos un nuevo espacio de poder en el nivel subnacional. En efecto, en el mes de octubre del año 2020 la ciudadanía regional deberá elegir a su líder; por esto, la primera responsabilidad para los grupos políticos y grupos de interés está en preparar liderazgos con las competencias para gestionar de manera compartida con el delegado regional presidencial el destino de los habitantes de nuestro territorio.
Por otra parte, la ciudadanía deberá incrementar su participación electoral de manera que amplíe la base de legitimidad al nuevo gobernador regional para representar con fuerza las demandas de la región. En consecuencia, es hora de identificar prioridades, elaborar un buen programa de gobierno regional y de preparar al líder que lo materialice.
A su vez, el traspaso de competencias a los gobiernos regionales incorpora tres órganos consultivos que garantizan la participación en el proceso de gestión; el Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo de la Sociedad Civil y el Consejo Consultivo de Alcaldes de Áreas Metropolitanas. Adicionalmente, se incorporan atribuciones en las regulaciones vigentes que permitirán generar políticas públicas con las especificidades pertinentes, tantas veces reclamadas, que se reflejarán en el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Turístico, la Política de Ciencia Tecnología e Innovación y el Plan de Desarrollo de Zonas Aisladas, entre los principales.
Un aspecto relevante dice relación con la obligatoriedad de considerar los Planes de Desarrollo Comunal, lo que facilitará la integración de las prioridades comunales en los instrumentos de planificación, así como la localización de los distintos tipos de residuos. Las facultades para fomentar el desarrollo de la educación superior y de enseñanza media técnico profesional será, sin duda, una herramienta que permitirá diferenciar, profundizar y mejorar competencias laborales asociadas a nuestros requerimientos productivos y sociales.
Finalmente, en materia de gestión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) también se presentan novedades, pues se eleva el piso de decisiones del Consejo Regional a iniciativas de inversión sobre las siete mil UTM, facilitando la gestión del ejecutivo y reduciendo eventuales espacios de generación de clientelismos.
Ciertamente este conjunto de facultades constituyen una oportunidad y un desafío para desplegar las capacidades de la región y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.