(Diario de Aysén) «Si Aysén cae, Coyhaique se va con nosotros», con esta frase el alcalde de la comuna de Aysén, Óscar Catalán, dio a entender hasta dónde están dispuestos a llegar con tal de hacer escuchar sus demandas por el gobierno. Una que dice relación con los altos niveles de cesantía que se espera afecte a la comuna tras el incendio de la planta de Friosur.
«Antes del incendio, Aysén tenía 600 trabajadores registrados como cesantes en la OMIL (Oficina Municipal de Intermediación Laboral). Tras el siniestro, la empresa ha comunicado oficialmente que pagará sueldos a 400 trabajadores más el resto que trabajaba en la planta, pero solo hasta diciembre, de forma tal que estos se van a sumar a los que ya teníamos registrados», los que en cálculos del municipio serían cercanos a 2.000 personas. Esto, si se tienen consideración a todos los trabajadores que participaban de la planta, como los choferes, las manipuladoras de alimentos o quienes estaban a cargo de la sala cuna.
«A partir de enero tendremos más de 2.000 cesantes, los que están representados no solo por operarios, sino que por choferes de buses, los que estaban a cargo de la sala cuna, de distintos puestos que estaban asociados a la planta. Esto es el 25% de nuestra fuerza laboral que la componen 8.500 personas», agregó el edil.
A juicio de Catalán, el gobierno a nivel local ha estado al debe. Según le informaron, aún las autoridades estarían en proceso de evaluación del panorama laboral, y es la falta de acciones concretas la que los llevó, junto con el Concejo Municipal, a solicitar al Ministerio del Interior que se decrete a la comuna como zona afectada por catástrofe o emergencia, lo que permitiría agilizar la asignación de recursos para levantar proyectos que puedan absorber mano de obra.
«Nuestro interés es que el Gobierno Regional (GORE) se haga eco de la solicitud que está haciendo la municipalidad al Ministerio del Interior, situación legal que le permite acelerar al GORE proyectos que hoy en día están detenidos y que luego significa la posibilidad de desviar recursos para esta emergencia laboral, que si no la enfrentamos a tiempo y en la forma debida, condena a Aysén a simplemente desaparecer», afirmó el alcalde de Aysén.
Ultimátum
Catalán detalló que le han dado a la nueva intendenta, Karina Acevedo, siete días de plazo para convocar a un comité de emergencia con los principales actores políticos y administrativos de la región, para enfrentar en conjunto la solución a un problema que se torna -según puntualizó- especialmente grave para la comuna.
«Si no vemos una respuesta oportuna y con resultados, nos reservamos el derecho, a partir del próximo lunes (28 de noviembre), de declararnos como comuna en estado de rebelión. Invocamos el derecho a movilizarnos a fin de que se visibilice esta realidad, lo que implica todas las acciones necesarias que sean posibles y que vengan a poner en relieve lo que ocurre en Aysén. Nosotros no tenemos otro escape, entonces las calles serán el escenario que tendremos que tomar para que finalmente se visibilice la inoperancia del gobierno, que nos conducirá a la quiebra de una ciudad», argumentó el alcalde aysenino.
«Hay muchas obras que el gobierno podría agilizar y que permitirían, de manera paliativa, asumir mano de obra, pero vemos que están haciendo diagnósticos y que no conocen la realidad o que la desconocen por inoperancia. Si Aysén cae, Coyhaique se va con nosotros», concluyó Óscar Catalán.
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