Con inquietud hemos visto la investigación periodística que reveló los graves hechos que a diario ocurren en el Terminal Pesquero Metropolitano (TPM), principal centro de venta y distribución de productos pesqueros artesanales. Hemos sido testigos de delitos, venta de pescados y mariscos no aptos para consumo humano, corrupción y evasión de impuestos, entre otros. Sin embargo, como Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) queremos detenernos en el fenómeno de fondo que aquí ha quedado develado: la pesca ilegal y sus consecuencias sociales.
La pesca o extracción ilegal de recursos pesqueros hace referencia al delito de obtener pescados, mariscos, algas o cualquier recurso marino de manera indebida, fuera de autorizaciones de pesca o robado desde zonas de cultivo o áreas de manejo, sin conciencia sobre su recuperación y afectando la sustentabilidad de dichas especies. La pesca no declarada, certificada o fiscalizada es uno de los principales problemas que enfrenta el sector pesquero nacional, ya que agota las poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, perjudica injustamente a los pescadores que actúan legalmente pescando solo su cuota y hace más vulnerables a las comunidades costeras.
¿Por qué está ocurriendo este gravísimo delito? El problema radica en lo que técnicamente se denomina «sobreesfuerzo», es decir, hoy hay demasiados pescadores para menos peces y esa mayor cantidad de personas en busca de recursos es un aliciente para no respetar las cuotas y ejercer la pesca ilegal.
El impresionante crecimiento de actores que se dedican a la pesca ilegal tiene directa relación con el aumento desmesurado del sector artesanal. Una actividad económica que ha crecido debido a la escasa fiscalización y que, en el caso de las regiones de O’Higgins y del Maule, se vio fuertemente abultada tras los dramáticos hechos post 27/F, donde se introdujeron nuevas naves de mejor calidad y tecnología no siempre entregadas a quienes estaban inscritos en el registro artesanal, lo que aumentó fuertemente el poder de captura de la flota artesanal.
También, este fenómeno se ve empujado a raíz de la presión por falta de otras actividades económicas y desempleo en esas zonas costeras, muchos botes sin actividad histórica sobre algunos recursos e incluso sin permiso, incursionan en la captura de recursos pesqueros. Estos pescan sin respetar la cuota asignada y sin control alguno, por lo que los pescadores artesanales que tienen inscritas sus naves y certifican su captura, deben competir a diario con ellos. Una competencia desleal y desigual, que deja sin amparo al pescador artesanal que cumple con la normativa vigente.
Abogamos por la pronta aprobación del proyecto de modernización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) a fin de entregar mayores recursos financieros y humanos a esta entidad, dotarla de mayores atribuciones, tecnología y equipamiento con el objetivo de que el rol fiscalizador del Estado en el mundo pesquero tenga una eficacia y eficiencia que permita proteger de verdad la sostenibilidad de los recursos pesqueros de todos los chilenos.