La Ley Lafkenche tiene 14 años de vigencia y nació con el ánimo y el espíritu de reconocer y proteger los derechos territoriales sobre el borde costero de nuestros pueblos originarios. La ley, por ende, estableció un mecanismo para destinar un Espacio Costero Marítimo (ECMPO) para la preservación de los usos y costumbres indígenas, el cual es entregado en administración a las comunidades correspondientes, siempre y cuando no existan derechos constituidos por terceros en dichas áreas y CONADI verifique los usos y costumbres alegados.
Esta ley, que tuve el honor de votar a favor en mi entonces rol de diputado, con el correr de los años ha ido demostrando que tiene una serie de imperfecciones que hacen necesario e imperioso modificar, para mejorar la puesta en práctica de la misma, en la que convivan de una manera cordial, amistosa, de diálogo y de trabajo mancomunado nuestros pueblos originarios que habitan las zonas costeras de nuestro país y región, con nuestros pescadores artesanales, que también tienen derechos que ser protegidos de una manera más explícita.
La región de Los Lagos es lejos la zona de Chile que presenta la mayor cantidad de ECMPO otorgadas y, a la vez, la que tiene la mayor cantidad de solicitudes pendientes, procesos que tienen demoras de más de cinco años, lo que provoca serias dificultades a otras actividades económicas locales que quieran realizarse en el borde costero en análisis, toda vez que quedan suspendidas cualquier otro tipo de solicitudes e incluso renovaciones de concesiones o planes de manejo ya en manos de sindicatos u organizaciones sociales de la pesca artesanal y/o miticultura. Esto último es un hecho de la mayor gravedad, toda vez que dichas organizaciones al no contar con sus concesiones actualizadas, quedan imposibilitadas, incluso, a postular a los programas gubernamentales que buscan potenciar su quehacer en los bordes costeros del país.
De hecho, han sido las propias organizaciones lafkenches las que han denunciado que hay tramitaciones que demoran hasta ocho años, mientras que el promedio de tramitación entre la solicitud y el decreto de destinación sería de 4 años y medio, muy por encima de los 12 meses que habían quedado establecidos en la misma ley.
En base a lo anterior, y recogiendo los reclamos de nuestros pescadores artesanales y de dirigentes de diversas organizaciones de nuestros pueblos originarios, es que presentamos junto a un grupo de cinco senadores un proyecto modificatorio de la Ley 20.249, que lo único que hace es mejorar la actual normativa legal y que bajo punto de vista alguno va en contra de los beneficiarios originales de la ley.
La iniciativa legal, que comenzará a ser discutida prontamente en la comisión de Pesca del Senado, contempla cinco aspectos fundamentales, que son necesarios sean conocidos públicamente para evitar que grupos radicalizados, que ni siquiera han conocido su contenido, comiencen -como ya lo están haciendo- a proferir descalificaciones a los autores de la propuesta legal. Ninguna persona que ha utilizado de buena manera la ley podría sentirse perjudicada por la propuesta ya ingresada como moción en el Senado el pasado miércoles 19 de abril.
- A) Para abordar la larga tramitación que paraliza todas otras solicitudes de actividades económicas locales, establecemos en la reforma que ésta operará hasta por un plazo de 2 años. Lo anterior permitirá agilizar el accionar de los servicios públicos involucrados en la tramitación, porque a decir verdad no tiene justificación una demora de estas características.
- B) Con el propósito de entregar mayor certeza jurídica a los sindicatos de pescadores u organizaciones que actualmente tienen concesiones marítimas y/o de miticultura, establecemos en la modificación legal, que quedarán excluidos de la paralización de la tramitación aquellos que ya son poseedores de la concesión y que buscan tan solo su renovación.
- C) En el ánimo de proteger de mejor manera la pesca artesanal, señalamos en el cambio legal, a petición de los miles de pescadores artesanales del país, que quedarán excluidas de las EMPCO las caletas de pescadores artesanales y los caladeros, que son el motor de esta importante actividad económica del país. Con ello evitaremos cualquier tipo de conflicto entre pescadores artesanales y nuestros pueblos originarios. Ya son de público conocimiento confrontaciones que se han generado, incluso con “amenazas de muerte” entre ambos sectores.
- D) Con la idea de que todo proceso de solicitud de una EMPCO por parte de una comunidad de un territorio respectivo, sea participativo y de amplio conocimiento de los integrantes de la comunidad solicitante, establecemos como un nuevo requisito que la solicitud en comento vaya respaldada por el 50% más uno de los integrantes de dicha comunidad.
Lo anterior se basa en que hemos constatado en terreno que muchas solicitudes son efectuadas por decisiones unilaterales de algunos dirigentes, no siendo el resultado de un trabajo colectivo que involucre a los que le dan vida a la organización. Ello ha llevado a conflictos locales importantes.
- E) Hemos considerado necesario incluir también en la modificación que todos los planes de manejo deberán considerar siempre a los pescadores artesanales inscritos en la región respectiva.
En la discusión parlamentaria seguramente se tocarán materias de alta sensibilidad, por cuanto así como hemos sido testigos de un excelente trabajo de las EMPCO en algunos territorios que cuentan con planes de administración y de manejo y convenio de uso adaptados a las realidades locales, también se escuchan con mucha fuerza voces que señalan que “algunos dirigentes” poseedores de EMPCO estarían eventualmente cobrando “peajes” para otorgar permiso al desarrollo de otras actividades en el borde costero, lo que a todas luces constituye un acto ilegal y de corrupción que debemos combatir entre todos y todas: nuestro mundo de la pesca artesanal y el de los propios pueblos originarios.
¿Alguien que está obrando de buena manera podría molestarse por estas modificaciones que sólo buscan perfeccionar la actual ley? ¿Qué hay detrás de quienes no quieren reconocer que todas las leyes son perfectibles?
Respeto y respetaré siempre a nuestros pueblos originarios. Como diputado y ahora como senador abogaré siempre por defender sus derechos. He votado siempre leyes que los favorecen. Sólo basta ver cómo he actuado legislativamente, respaldándolos cada vez que ha sido necesario.
Lo anterior no significa que no pueda recoger las opiniones de otros sectores sociales de nuestra región, que también con justa razón reclaman sus derechos. El Estado debe garantizar a pueblos originarios y pescadores artesanales, sin distinciones, sus derechos. Sólo así construiremos un país mejor sin egoísmos, sin mezquindades, sin abusos y, por sobre todo, con transparencia y rectitud. El borde costero chileno no puede discriminar a unos respecto de otros. Todos son importantes y a todos los necesitamos.
Fidel Espinoza Sandoval
Senador