[OPINIÓN] Preocupación por la acuicultura en Chile

Los primeros esfuerzos de la acuicultura en Chile se realizan en el período 1921-1973, aunque comercialmente esta se desarrolla desde 1980, es decir, hace 40 años. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), entre el 2008 y 2017 en Chile se cultivan 19 especies, de las cuales 17 con cosechas. En tanto que en la visión general del sector acuicultura nacional, FAO señala que en Chile se cultivan 14 especies, de las cuales tan solo seis son nativas (cinco moluscos y una alga). Por su parte, Fundación Chile, con más de 40 años de experiencia en el área, indica que una veintena de especies candidatas a cultivo han sido parte de sus proyectos de investigación y desarrollo (I+D).

Para satisfacer la necesidad de alimento, relacionado con el crecimiento proyectado de la población mundial al 2050, se requerirá un incremento de 70% de la producción desde el 2005. En Chile, la producción total de la acuicultura aumentó desde poco menos de 65.000 toneladas (t) en 1993 a 1.365.221 t en el 2018; de estas últimas, 67% peces, 31% moluscos (no menos importante) y 1% algas.

Según el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), en 2018 el registro total de centros de cultivos en el país fue de 3.664, de las cuales operaron 2.217 y cosecharon tan solo 1.370. Un hecho relevante es que centros de cultivo se encuentran en todas las regiones de país y que en el 2018 solo las regiones de Arica y Parinacota, Metropolitana y Maule no mostraron cosechas. Otro hecho a resaltar es que los centros de cultivo están muy concentrados: de los 1.396 de moluscos, 1.165 se encuentran en la región de Los Lagos; y de los 1.798 de peces, 664 están en Los Lagos, 766 en Aysén y ya 140 en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Volvamos a las cifras, del total cosechado en el 2018, 669.000 t corresponden a salmón Atlántico, 175.000 a salmón plateado (coho) y 80.000 a truchas; en tanto que 402.000 corresponden a moluscos, de los cuales 96% a choritos (muy importantes entonces). Lógicamente, el 92% de la cosecha total se realiza en las regiones de Los Lagos y de Aysén (64% y 28%, respectivamente) y 6% en Magallanes. En el 2018, el sector pesca y acuicultura exportó por un total de US$7.030 millones, de los cuales US$5.171 millones corresponden a salmones y truchas.

Las cifras antes expuestas resultan muy significativas como producción e ingresos económicos al país, particularmente por parte de la salmonicultura, pero ¿cuáles son los costos de la realización de estas actividades? No solo estamos hablando de los costos asociados a la operación misma de los cultivos, sino tal vez a costos no considerados de los problemas relacionados con estas actividades, incluidos los ambientales, sociales, geopolíticos y del desarrollo regional.

En pesca, los problemas que tenemos (sobreexplotación, cambio climático, política normativa, pesca ilegal, comercialización, otros) comprometen a toda la institucionalidad (manejo, control, investigación, comercialización, otros). En acuicultura, se pueden mencionar algunos problemas más específicos que se repiten en los informes, como los de: institucionalidad, gobernanza, uso de antibióticos, contaminación orgánica que produce eutroficación y desoxigenación, malas prácticas, cambio climático, marea roja, capacidad de carga, escapes y predación afectando el ecosistéma, diversificación, mercado, relocalización y eventualmente geopolíticos.

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Tanto en pesca como en acuicultura debiéramos alcanzar actividades económicas que aseguren el bienestar del ambiente y sus recursos, y el bienestar social. Recordemos que la eficiencia económica de las industrias se puede medir como Rentabilidad = Ingresos – Costos. Y volvamos entonces a la pregunta: ¿Estas actividades están pagando todos sus costos? Solo un ejemplo para el sentido común: la contaminación orgánica provoca efectos negativos en áreas que se dice no son tan grandes; entonces, si no son tan grandes que se limpien (hay técnicas ya probadas) y ahí hay un costo de parte del usuario. Entonces, si alguna empresa se quiere relocalizar que deje el sector que ocupa libre de dicha contaminación. En todo caso, la relocalización debiera tomar en cuenta los acuerdos de la gobernanza establecidos en documentos oficiales sobre derechos de uso, incluido el plan de desarrollo integral de la región.

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Pero además está la rentabilidad social, que define el valor que un proyecto aporta a la sociedad y que se estima con métodos estadísticos bien definidos. Una actividad es rentable socialmente cuando provee más beneficios que pérdidas a la sociedad en general. Se utiliza como contrapartida al concepto de rentabilidad económica, donde la rentabilidad solo concierne al promotor. No ahondaremos más en este campo de la economía, solo es de esperar que este tipo de estudios se estén considerando.

Sería muy importante analizar críticamente los problemas de la acuicultura y vislumbrar un panorama más amplio, incluida la diversificación cuidadosamente planificada, considerando los emplazamientos actualmente repartidos en todas las regiones del país. También es importante no solo considerar la salmonicultura, sino mirar la salmonicultura dentro de un plan de desarrollo integral de la Patagonia, evaluando las potencialidades del uso más apropiado del borde costero y del maritorio. Ya sabemos actualmente cuáles son sus ingresos, pero necesitamos saber si consideran todos sus costos, incluidos los ambientales, sociales, geopolíticos y de desarrollo regional. Todo esto implica un Plan de Desarrollo de la Acuicultura en Chile, ya mencionado por la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar (SChCM), partiendo por un acabado trabajo sobre la identificación/ratificación de lugares aptos, considerando las características y dinámicas del ambiente, su capacidad de carga, y los actuales y potenciales mercados.

* Agradezco la precisión de conceptos por parte del geógrafo Jorge Negrete Sepúlveda y del economista pesquero René Cerda D’Amico, ambos profesores titulares de la PUCV.