El reglamento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entró en vigencia la primera semana de marzo y su promulgación no ha estado ausente de críticas por parte de diferentes sectores.
En un seminario organizado por la Corporación de Desarrollo Integral Mapuche (Enama) en la ciudad de Concepción (Región del Biobío) fue abordado este tema por su secretario general, el abogado Richard Caifal, quien sostuvo que el Convenio 169 y su reglamento, el Decreto 66, “resultan fundamentales para establecer los procesos de participación y consulta ciudadana”.
No obstante, el abogado aseguró que se debe realizar una socialización de este reglamento, “porque ni siquiera los municipios saben muy bien el tipo de procedimiento se debe seguir para responder a las demandas ciudadanas. Además, los departamentos medioambientales no están preparados”, afirmó.
Añadió que no hay claridad con respecto a cómo van a ser los plazos, cuáles van a ser las instancias y cómo se va relacionar el Municipio y la ciudadanía con el Servicio de Evaluación Ambiental. “Falta mucho por conocer y la autoridad debería promover el convenio y el reglamento que, aunque es cuestionado por su legitimidad, es el instrumento jurídico que existe y se debe seguir”.
De esta forma, el director de Enama emplazó a intendencias, a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, al Servicio de Evaluación Ambiental y a los municipios, a crear una instancia común para tratar estos temas, ya que si bien en los ministerios de Energía y Minería se crearon departamentos a cargo del trabajo con comunidades, “hay pequeñas empresas que van a quedar abandonas de la asesoría legal”.