A través de un Fondo de Garantía especial de la Corfo, el Gobierno espera garantizar el efectivo acceso al crédito de los pescadores artesanales que requieran reemplazar sus embarcaciones hundidas o seriamente dañadas por efecto del tsunami del pasado 27 de febrero.
Así lo informó el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, junto con el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, ante la comisión del ramo que preside el diputado UDI Jorge Ulloa.
En la oportunidad, las autoridades detallaron el plan del Gobierno denominado "Volver a la mar" que se sustenta en medidas administrativas, legales y fiscales para ir en ayuda de la pesca artesanal.
Según se informó, vía reasignación presupuestaria de los Fondos de Administración Pesquera y de Pesca Artesanal se destinarán $ 5.500 millones para cofinanciar la compra de naves de hasta doce m de eslora y para pescadores que acrediten actividad durante el último año.
El subsidio, que correspondería a un 25% del financiamiento total de la nave, sería por un monto máximo de $ 2,1 millones. El restante 75% sería absorbido por el propio pescador a través de la adquisición de un crédito bancario, probablemente, en el Banco Estado.
Dentro de otras medidas, se autorizará una flexibilización del desembarque artesanal, incorporando otras especies, y permitiendo un aumento por un total de 31 t de la cuota de captura del jurel para pescadores de la Región del Biobío. Además, se están coordinando formas alternativas para realizar los desembarques.
Las opiniones de los diputados fueron variadas, aunque se coincidió en la necesidad de dar urgencia a las medidas que vayan en favor de los pescadores afectados.
Para algunos legisladores de la oposición, los montos entregados son insuficientes y, en tal sentido, interpelaron al gobierno a hacer un esfuerzo mayor y aportar a la catástrofe con recursos nuevos. Asimismo, se puso en duda la factibilidad de que puedan acceder al crédito personas que perdieron todo y que ya cuentan con deudas anteriores.
Esta última preocupación también fue manifestada por diputados de Gobierno, aunque se mostraron más flexibles en torno a la capacidad efectiva del Ejecutivo de entregar más recursos, especialmente considerando las obligaciones ya contraídas a través de la Ley de Presupuesto.
Otro tema de discusión fue planteado por los parlamentarios de las regiones que no fueron afectados por el terremoto o tsunami. En lo específico, llamaron al Gobierno a no castigar a sus zonas realizando recortes presupuestarios y suspendiendo proyectos anhelados por dichas poblaciones.