A continuación reproducimos una columna de opinión escrita por el Master en Asuntos Pesqueros de la Universidad de Washington (Estados Unidos) y asesor en política pesquera de la Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos del Mar (Anapesca), Albert Arias Arthur. El texto fue publicado en el sitio electrónico El Post:
"Hace algunos días, el economista Manuel Cruzat en su columna "Decepción y oportunidad" tocó el tema pesquero al señalar que ‘los grandes pesqueros que a través de un fuerte lobby no quieren enfrentar licitaciones». Sin duda, más de alguno de los lectores se habrá preguntado ¿licitación de qué? Desafortunadamente, el sector pesquero es desconocido y, en general, no despierta el interés de la población por ser ‘muy complicado». Pero si les digo que los más de US$ 2 mil millones al año -que es el valor aproximado de los recursos pesqueros- están en manos de un actor en el norte, cuatro o cinco en la zona centro sur -bajo el nombre varias empresas con los mismos dueños- y tres en la zona sur austral, quizá despierte su interés. Ahora, si les cuento que esos recursos fueron asignados por ley en forma gratuita y exclusiva por doce años y que lo que hoy buscan esas empresas es evitar una licitación abierta, para que no entren terceros, perpetuando así la asignación actual a ellos y solo ellos. Espero que los lectores continúen leyendo y que no digan ¡cuéntate una de vaqueros!
La ley que entregó el año 2001 a privados cuotas individuales de la totalidad de la fracción industrial de todos los recursos pesqueros de importancia económica del país -Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA)- vence en diciembre del 2012, por lo que será responsabilidad del actual Gobierno proponer una nueva iniciativa legislativa. El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, señaló hace un par de meses que la idea del Gobierno es renovar las actuales asignaciones en solo un 50%, dejando el otro cincuenta para ser licitado, lo que ha despertado la ira de quienes pensaban que con un Gobierno de centro-derecha incrementarían la posibilidad de que la asignación siguiera intacta y a perpetuidad.
Esta discusión comenzó en el sector privado un poco antes, hace más de un año, cuando las empresas de la zona centro sur, agrupadas en la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Biobío (Asipes), con la excusa del terremoto, solicitaran al Gobierno continuidad de los LMCA porque "era la única forma de recuperar el sector pesquero". Coincidentemente, la firma con capitales noruegos, Lota Protein Ltda., quienes desde el 2001 han tratado de acceder a mayores cuotas de pesca, pero han sido bloqueados por quienes quedaron en posición privilegiada luego de la asignación de ese año, interpuso una consulta al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) para que se pronunciara sobre la concentración en el sector pesquero, particularmente en la pesquería del jurel, lo que frenó cualquier acción que apuntara a perpetuar los LMCA. Al pasar de los meses, quedó en evidencia que los daños a las pesqueras no eran tales y que solo querían aprovechar la crisis generada por el terremoto. Posteriormente, en enero de este año, el TDLC emitió un fallo en el cual, reconociendo la concentración de las cuotas de pesca y las ineficiencias que esta genera, inexplicablemente, señaló que las licitaciones no son estrictamente necesarias pero que pueden mejorar la eficiencia del sistema. Luego de esto, el Gobierno del Presidente Piñera anunció que incluiría la licitación en el próximo proyecto de ley.
Pero vamos a los argumentos de los principales interesados. Quienes quieren perpetuar el sistema han señalado que ellos tienen derechos históricos -los que amenazan defender en tribunales si es necesario-, que la licitación producirá concentración y que barcos factoría extranjeros podrían venir y licitar todo, situación que afectaría el empleo (lo que está ciertamente lejos de la realidad porque la ley de navegación no lo permite). Además, argumentan que las cuotas no se las regalaron porque pagan patente pesquera.
Quienes están a favor de licitar, argumentan que el sistema actual no permite la entrada de nuevos actores, la competencia y la innovación y que, por lo tanto, estamos en presencia de una asignación ineficiente y que esta actividad económica ya está concentrada. Argumentan que con un sistema de licitación bien diseñado se podrá recaudar más ingresos para las arcas fiscales, ya que el pago de patentes es un pago de un permiso para pescar que no tiene relación alguna con la cantidad de cuota que se tiene o el valor de la misma. Esto último si se vería reflejado en un pago por cuotas de pesca en una licitación, donde se pagaría el valor de mercado de los recursos pesqueros. Además, señalan que los ingresos de la licitación podrían paliar la urgente necesidad de generar dineros para pagar los gastos de investigación que requiere el desarrollo sustentable de los recursos. Con lo anterior, la sociedad podría obtener parte de las rentas pesqueras que, hasta hoy, solo han aumentado el patrimonio de quienes han tenido las cuotas por más de una década.
Esta decisión gubernamental de impulsar una licitación o subasta como medio de asignación parcial de los recursos pesqueros aún debe ser aprobada en el Congreso, donde la tarea se ve difícil. El grupo que quiere perpetuar el sistema -quienes calzan perfectamente con la definición de ‘gatos gordos» que utiliza el New York Times: grupos de individuos con mucho poder económico, que financian políticos, centros de estudios, e incluso partidos- han desarrollado un fuerte lobby reclutando varios ‘nombres». En los hechos, durante los últimos meses varios ex personeros de Gobierno han salido a defender la continuidad del sistema sin licitación, como por ejemplo, Jorge Rodríguez Grossi, Andrés Couve, Jorge Chocair y, últimamente, Andrés Palma.
El poder legislativo tampoco ha estado ausente. Por ahora hay un grupo de parlamentarios de distintos partidos y colores, apodados ‘la bancada de Asipes», por la cercanía con las ideas de ese grupo empresarial, que han opinado continuamente en contra de la licitación, repitiendo la frase ‘no hay ambiente político para licitar». Esto debido al temor de que si el proyecto llega al Congreso con licitación, les sea imposible evitarla. Por su parte, los parlamentarios que no tienen interés en el tema, no opinan porque no hay proyecto. Ellos están ocupados con las discusiones de las materias que están actualmente en el Congreso, por lo que esperan que el nuevo proyecto de ley de pesca llegue al Parlamento para interiorizarse del tema".