(El Mercurio) Continúa la polémica en la industria salmonicultora por la norma que busca controlar las siembras de estos peces, que elabora la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), conocido como Porcentaje Reducción de Siembra (PRS). Si bien la cartera recibirá observaciones hasta el 28 de octubre, aún hay salmonicultores disconformes.
A fines de septiembre, la Asociación Gremial de Productores de Salmón Coho y Trucha (Acotruch) -cuyos socios son pequeños productores- interpuso un recurso de reposición ante la Subpesca. Y no descartan otras acciones judiciales: “Iremos al TDLC dependiendo de cómo responda la autoridad a los recursos administrativos”, dice el gremio. Argumentarían que la reglamentación “constituye una barrera clara a la entrada de competidores y, en consecuencia, al crecimiento de la industria”, complementan.
El PRS crea un nuevo nivel de bioseguridad, basado en las proyecciones de siembra. Mientras mayor sea la proyección de crecimiento de cada actor respecto del período anterior, mayor «castigo» habrá, pues al siguiente período de siembra se le concederá una menor densidad por jaula para el cultivo. Por ejemplo, si el crecimiento para el próximo año supera el 6% respecto del período anterior, para el siguiente período el operador cae en el nivel Baja 4 -el más restrictivo-, que admite una densidad máxima de 4 kg/m {+3} de salmón del atlántico por jaula.
Por ello, hay operadores pequeños que estiman que la normativa es una limitación al crecimiento. También hay grandes actores como AquaChile y Marine Harvest que critican la norma. Un argumento es que en los últimos años hay actores que redujeron sus siembras a la espera de una nueva regulación y a que mejoraran los estándares de bioseguridad de la industria, y ahora están limitados.
Un ejecutivo del rubro asegura que «se está permitiendo que un funcionario público discrimine quién produce y quién no y cuánto produce, por lo que podría judicializarse», afirma.