Una indicación sustitutiva, que forma parte de la Agenda Anti Corrupción, ingresó a trámite el Gobierno para ampliar el rango de funcionarios públicos que no podrán ocupar cargos en instituciones privadas sujetas a la fiscalización de los organismos del Estado.
Como compensación, la indicación sustitutiva otorga una indemnización de 800 UF a directivos, y de 420 UF a los profesionales del sector público, afectos a esta restricción laboral.
Según lo informado por Chile Pesquero, la iniciativa legal sustituye el contenido de una moción de diputados, que establece impedimentos para ocupar cargos en instituciones privadas sujetas a la fiscalización del funcionario público respectivo. La moción es estudiada por la comisión de Constitución de la Cámara, a la que el Gobierno le impuso «suma urgencia» (diez días de despacho) a su tramitación.
El texto legal propuesto por el Ejecutivo, modifica el mencionado artículo 56, para ampliar el ámbito de aplicación incluyendo, además de las entidades fiscalizadoras, a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Energía, la Subsecretaría de Transportes, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Subsecretaría de Pesca.
Además, señala específicamente que la incompatibilidad afecta a quienes hubiesen desempeñado funciones directivas o profesionales en las entidades ya señaladas, excluyendo así a técnicos, administrativos y auxiliares, los cuales no realizan labores que impliquen decisiones o informes para adoptar resoluciones.
Asimismo, recogiendo lo propuesto por el Informe de probidad, la indicación propone extender el período de inhabilidad de seis meses a un año, contado desde que el funcionario hubiese expirado en funciones.