"América Latina está rezagada". Esa es la principal conclusión del informe "Señales de Competitividad de las Américas 2012", elaborado por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), junto a la Organización de Estados Americanos (OEA), en referencia al avance que han experimentado los países de la región en materia de investigación, desarrollo (I+D) e innovación.
No obstante, de acuerdo a la evaluación, algunas de las 15 naciones medidas se han salvado de las críticas más duras. Una de ellas es Chile, calificado como uno de los tres países que más avance ha experimentado en dichas materias a nivel latinoamericano, compartiendo ese estatus con Brasil y Barbados, informó Diario Financiero.
Según la investigación, Chile ha impulsado una mayor inversión pública en I+D, destacando en este sentido a Start-Up Chile de Corfo para posicionar la innovación y el emprendimiento de alto impacto como un factor determinante para la competitividad en el país. "Este plan de ayuda ha sabido moderar las expectativas de los emprendedores, es decir, pudo guiarlos sobre la viabilidad de los proyectos que presentan", expresó el informe.
El líder técnico principal de Ciencia y Tecnología de la División de Competitividad e Innovación del BID, Juan Carlos Navarro, califica a Chile como "un caso de inspiración para el resto de los países de la región, y pionero en relación a las transferencias de recursos públicos a entidades privadas e individuos para el desarrollo de ideas innovadoras a través de programas como Start-Up Chile".
Pero no todo son elogios. Según el experto, Chile todavía padece el problema de país en vías de desarrollo, al ser el sector público el que aporta la mayor cantidad de recursos económicos para impulsar la I+D e innovación. "Si comparamos a Chile con países más desarrollados, todavía le queda mucho camino por recorrer", aseguró.
Una visión compartida también por InnovaChile de Corfo. Su director ejecutivo, Conrad von Igel, recuerda que el 41% de la inversión en I+D es realizada por el sector privado y el resto proviene del Estado. "Nos falta dar el salto en innovación disruptiva que nos garantice competitividad en el mediano y largo plazo de las industrias chilenas. Esas innovación están asociadas a procesos de investigación y desarrollo, por eso es tan importante conectar el desarrollo científico tecnológico con las empresas y no quedarse sólo con las innovaciones, por ejemplo, para los procesos de ventas y marketing, entre otras", sostuvo. Añadió que aunque el Estado ha jugado un rol fundamental, todavía la inversión fiscal en I+D es insuficiente. "Tanto en el sector público como en el privado estamos rezagados respecto de países como Brasil, que hoy ha llegado a cerca del 1% de su PIB invertido en I+D".
Consejo de Innovación
Uno de los parámetros utilizados por el estudio para calificar positivamente a Chile, fue el ranking en innovación del Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2012-2013, donde Chile aparece en tercer lugar en la región. Entre los factores considerados para esta medición están la capacidad de los países para innovar, la calidad de las instituciones de investigación científica, el gasto privado en I+D, la colaboración entre las universidades y la industria y la transferencia de recursos públicos a las Pymes.
El vicepresidente del Consejo Nacional de Innovación, José Miguel Benavente, discrepa de gran parte de las conclusiones del estudio del BID y los informes que ha utilizado. "El tema de los programas, como Start-Up Chile, los créditos tributarios para I+D, todo ese tipo de políticas de alguna manera apunta a aquellas empresas que están haciendo I+D o que lo van a hacer, que son la grandes. Pero el 90% de las firmas, pequeñas y medianas, en Chile no están ahí, hoy no existe una institucionalidad y programas que le estén dando el peso y la relevancia que necesitan. El informe se concentra mucho en la élite", criticó.
Ley I+D se reactiva
Se ha señalado que una de las iniciativas que podría impulsar una mayor inversión de los privados en esta materia, es la llamada Ley I+D, cuyas modificaciones comenzaron a regir en septiembre pasado. Entre ellas, destaca el hecho de que el beneficio tributario se extiende a las inversiones privadas en proyectos de I+D.
A tres meses del cambio, Corfo ha certificado las iniciativas de tres empresas, por $ 1.984 millones: más del 30% de lo que la antigua versión de la Ley certificó en cuatro años. El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, detalló que desde la entrada en vigencia del nuevo cuerpo legal, han recibido 20 solicitudes de certificación, por más de $ 6.000 millones. "Además, han llegado más de 90 avisos de intención de acogerse a la ley, por $ 20.000 millones", precisó.
Desde 2008 a agosto de 2012, 76 firmas se habían acogido a la Ley, con 98 contratos certificados por $ 6.595 millones y un beneficio tributario de poco más de $ 3.000 millones. Hasta hoy, la mayor cantidad de proyectos se ha concentrado en los sectores silvícola, pesca y acuicultura.