Está claro que hoy la solución para recuperar el estado de la merluza común (Merluccius gayi gayi) no es eliminar el arte de pescar con redes de arrastre. Así quedó demostrado en los últimos proyectos de ley presentados por congresistas de diferentes bancadas y regiones del país, en donde se manifiesta que la flota arrastrera industrial no se elimine sino que realice sus actividades de extracción dentro de la huella de arrastre, como se da en muchos países del mundo y con las restricciones correspondientes.
De la misma forma, al presentar proyectos en donde se manifiesta que el arte de arrastre es dañino solo para la merluza común y no para otras especies que también se capturan con estas redes, y además dentro de las cinco millas como ocurre en la región de Coquimbo con el camarón y el langostino, o en la zona sur-austral con la merluza de cola, merluza austral, merluza de tres aletas, entre otras, demuestra que los proyectos presentados van directamente en perjuicio nuevamente de la región del Biobío, donde se procesa el 100% de la merluza común. Especie que da trabajo a miles de personas, mayoritariamente mujeres jefas de hogar, donde está establecido el puerto base de las naves que históricamente han ejercido esta actividad, y donde el comercio de las ciudades de Talcahuano, Coronel, Lota y Tomé ven sobrevivir sus tiendas por la actividad económica que la pesca les entrega mes a mes.
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Dicho lo anterior, este miércoles (14 de abril) en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputadas y Diputados se presentó un nuevo proyecto de ley, impulsado por el diputado del Maule Félix Sepúlveda, el cual propone que la flota industrial realice sus actividades como huella de arrastre fuera de las 30 millas. Esto fue apoyado por los diputados de la región del Maule y por la región de Valparaíso, por los honorables Jorge Brito y Camila Rojas. Si bien es cierto no prohíben pescar con redes de arrastre, en el fondo de igual manera es eliminar este arte de pesca y por ende, cerrar las empresas que procesan la merluza común, exclusivamente para consumo humano.
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Esta situación, a nosotros los trabajadores, nos preocupa muchísimo, por nuestros puestos de trabajo, por las miles de familias que quedarán sin sus sustentos, y por el aumento de cesantía en nuestra región (del Biobío). Esperamos que como dicen los honorables diputados, que ellos antes de tomar sus decisiones y votar en Sala, escuchen a todos los organismos que tienen relación con sus propuestas, pues bien, esperamos que esta no sea una excepción, y puedan escuchar a los entes científicos y técnicos estatales y particulares, para que demuestren si esta propuesta de proyecto tiene algún argumento sólido, real y creíble. Y no sea solo nuevamente una estrategia más en querer perjudicar a los trabajadores y ciudadanos de la región del Biobío como ocurrió con «la Ley de la Jibia».
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Hacemos un llamado al Gobierno para que cuide los puestos de trabajo formales, de calidad e indefinidos que quedan en el país. Al Congreso en general, que legislen basados en argumentos sólidos técnicos y científicos, y principalmente a la Comisión de Pesca del Senado a solicitar la mayor información en esta materia; que actúen en conciencia de qué es lo mejor para el país, los trabajadores y sus familias; y no por el «gallito» como se dice en un término chileno, que tienen los diputados de las regiones del Maule y de Valparaíso con los industriales pesqueros.
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