Con el apoyo transversal de los distintos sectores políticos, la Comisión de Educación del Senado aprobó, ayer miércoles 14 de septiembre, en general el proyecto de ley sobre Investigación y Desarrollo (I + D). La iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía busca potenciar la inversión en I + D en nuestro país, pieza fundamental para el desarrollo económico de Chile.
Integrada por los senadores Jaime Quintana (PPD), Ena Von Baer (UDI), Ignacio Walker (DC), Camilo Escalona (PS, en representación del senador Alejandro Navarro), la comisión despachó el texto en forma unánime para que la sala del Senado pueda pronunciarse en general sobre el proyecto.
"Para el país y el Gobierno, la aprobación de este proyecto resulta fundamental. No solo para alcanzar la meta de crecimiento económico impuesta por el Presidente, sino porque los parlamentarios de los distintos sectores han entendido la importancia país que esta medida tiene y demuestra que estamos trabajando juntos para hacer posible que Chile alcance su desarrollo antes que finalice esta década", puntualizó el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Pablo Longueira.
El proyecto -que ingresó al Congreso en marzo de este año- constituye una pieza fundamental para alcanzar la meta de duplicar la inversión en I+D en nuestro país. Actualmente, Chile tiene niveles muy bajos de I+D (0,4% en el 2008 v/s 2,3% en promedio en OCDE) y a su vez, una baja participación de la empresas privada (43,7% v/s 65% en OCDE).
La ley de I+D producirá los siguientes cambios: se flexibilizan formas de hacer I+D con beneficio tributario, aplicándose también a la realizada dentro de la empresa y en relación con terceros; tendrá un beneficio tributario de un 30% crédito tributario y de un 70% restante, el cual se deduce como gasto necesario; el beneficio se aplica a gastos corrientes, gasto en protección de propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, servicios profesionales relacionados) y de capital (infraestructura, equipos, entre otros); se triplica el máximo del crédito tributario anual, de 5.000 UTM (uno US$ 390 mil) a 15.000 UTM (unos US$ 1,2 millones); se simplifican trámites de certificación de proyectos y de registro de centros ante la Corfo; y se extiende el beneficio hasta el 2025.
Fuente: AQUA