(Diario Concepción) Una acción judicial en contra de la notaria suplente de Coronel, Mariana Cabezas, y la Compañía Pesquera Camanchaca, presentó el pasado martes 10 de abril el abogado Remberto Valdés, por falsificación de instrumento privado, ante el Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción, en la región del Biobío.
A ella se unirá una acción criminal por el mismo hecho ante los juzgados de Coronel.
Los querellantes, ex trabajadores de la empresa, aseguran en la demanda que se falsificaron finiquitos en despidos que involucran a cientos de personas que vieron «cuantiosamente mermadas sus prestaciones laborales y sus fuentes de empleo».
El argumento central es que los finiquitos de más de 1.000 trabajadores, despedidos el 26 de octubre de 2017, no fueron firmados en presencia de un notario como ministro de fe, sino que a los «trabajadores se les sacó la firma» y luego fueron llevados los documentos hasta la notaría de Juan Carlos Maturana Lepeley.
Lo que aduce la denuncia es que el artículo 177 del Código del Trabajo establece que el finiquito debe ser ratificado ante un ministro de fe, como son los notarios, de tal modo que la empresa, a modo de obtener un documento que lo liberara de cualquier acción legal que pudiesen emprender los trabajadores despedidos, los hizo firmar en estas condiciones. Incluso los amenazaron que sus pagos se retrasarían si no firmaban, a lo que los trabajadores accedieron, porque ahí estaban incluidas sus remuneraciones de octubre de 2017.
«Estimamos que la pesquera, junto a la notario suplente de Coronel, defraudó los intereses de sus hoy ex trabajadores, que son más de 1.000, sin proteger sus derechos como trabajadores, vulnerando su dignidad y además impidiéndoles acceder a cuantiosos beneficios remuneracionales que tenían a su haber», explicó el abogado.
El profesional afirmó que «nunca se registró la presencia de un notario que se preocupara de que los trabajadores pudieran hacer valer sus derechos, y por esto hoy hemos interpuesto una denuncia de carácter administrativo disciplinario en primer lugar y hemos deducido ante los tribunales de Coronel una denuncia, a través del Primer Juzgado del Trabajo de Coronel».
Valdés agregó que pretenden que la Comisión de Pesca oficie a la Dirección del Trabajo y se investigue la legalidad de estos 1.000 finiquitos.
«En primer lugar, se miente cuando se dice que la notaria suplente está presente junto a los trabajadores verificando que estos hayan leído, firmado y además ratificado el contenido del finiquito. Esa es la primera garantía laboral que el Código del Trabajo entrega y es absolutamente ineludible», añadió.
Uno de los afectados, Carlos Osses Bassaletti, trabajó 22 años como supervisor de flota de la empresa. Ese día, recordó que no hubo un notario presente en la firma de finiquitos ni de la Inspección del Trabajo, «y se hace firmar a los trabajadores en esas condiciones, y ellos lo hacen, porque en el finiquito está su remuneración del último mes y un trabajador totalmente vulnerado se siente obligado a formarlo».
Entonces, el afectado explicó que se demoraron dos horas en ir y volver de la notaría, y los trabajadores, completamente afectados por ser despedidos, debieron esperar en dependencias de la empresa.
Osses aseveró que, en su caso, su finiquito estaba mal calculado. «Había una gran cantidad de dinero que no estaba incorporada y se tuvo que corregir. Y hubo otros hechos como malos tratos laborales que están incluidos en la demanda de Coronel. Yo perdí 22 años de trabajo de la nada y creo que hay una práctica ilegal en esta situación, pero las cosas pudieron hacerse de mejor forma, porque detrás nuestro hay una familia».
Consultada Camanchaca, declinó referirse al tema, por ser un asunto que se está resolviendo en tribunales.
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