Diputados presentaron proyecto que prohíbe la caza y captura del lobo marino

Feb 1, 2012

Un grupo de diputados de todos los sectores presentó por una moción que prohíbe la caza del lobo marino común (Otaria flavescens) como consecuencia de su interferencia en la pesca o para exhibición pública, acción que será multada con el pago de 3 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a 300 UTM (de $ 118.119 a $ […]
Un grupo de diputados de todos los sectores presentó por una moción que prohíbe la caza del lobo marino común (Otaria flavescens) como consecuencia de su interferencia en la pesca o para exhibición pública, acción que será multada con el pago de 3 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a 300 UTM (de $ 118.119 a $ 11.811.900).

Los diputados autores del proyecto (boletín 8157) afirmaron que pese a que la caza del lobo marino se encuentra prohibida en nuestro país, a la fecha se continúa con la abrumadora captura de esta especie.

Esto, ya que se abrió a una excepción legal, al posibilitar la captura de ejemplares vivos para su mantención en cautiverio, "siempre que sea efectuada con fines de exhibición pública en zoológicos, acuarios o centros de exhibición no itinerantes, ubicados en el territorio nacional o extranjero", sostiene la moción.

Esta última excepción -manifiesta el documento- se ha prestado para graves abusos e ilegalidades, como la reciente muerte por inanición de 20 ejemplares de lobos marinos comunes capturados en la Región de Magallanes, mediante el Decreto Exento N° 3640 de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), el que había otorgado un permiso de captura y exportación a zoológicos y circos marinos de 30 ejemplares vivos a una empresa pesquera local financiada por otra de nacionalidad rusa.

Lo anterior se suma al hecho de que el Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaria de Pesca, se encuentra elaborando un Plan de Manejo Poblacional del Lobo Marino Común (Otaria flavescens), que contempla entre otras medidas, la entrega de autorizaciones y cuotas de matanza de ejemplares de lobos marinos, como una respuesta estatal a la actual crisis productiva, ambiental y social que afecta a los 81 mil pescadores artesanales, sus familias y comunidades.

Cabe destacar que dicha entrega de cuotas de caza de ejemplares vivos se basa en el supuesto que existiría una sobrepoblación de estos mamíferos marinos que estaría asolando las reservas pesqueras en las costas chilenas.

Al respecto, se estima que la afirmación gubernamental y de sectores pesqueros y de salmonicultura industriales sobre la existencia de una "plaga" de lobos marinos, así como de un "excedente poblacional" que permitiría su explotación comercial sustentable en beneficio de los pescadores artesanales, "no tienen asidero científico, ni viabilidad técnica ni económica", aseveraron los creadores de la moción.

Además, los congresistas estimaron que "la aprobación de permisos de caza de lobos marinos comunes constituye una fuente de trato cruel y abusivo hacia estos animales, así como un gran retroceso para los avances obtenido por las organizaciones ciudadanas para la conservación y protección de las poblaciones de mamíferos marinos en Chile".

Junto con ello, los lobos marinos comunes forman parte integral de los programas de desarrollo de turismo sustentable de naturaleza en el sur de Chile. Por ello, la caza de este mamífero es incompatible con el posicionamiento del país como destino turístico relevante a nivel internacional.

Así, el texto legal modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), estableciendo la prohibición de caza y captura de cualquier especie de lobo marino a causa de su interacción con la pesca y acuicultura y/o para su exhibición pública.

Determina además que las naves o embarcaciones pesqueras deberán emplear los medios y tecnologías que estimen necesarios para evitar o disminuir tales interacciones.

El proyecto de ley fue presentado por los diputados Enrique Accorsi (PPD), Fuad Chahín (DC), Alfonso De Urresti (PS), Marcelo Díaz (PS), Carolina Goic (DC), Marta Isasi (IND), Andrea Molina (UDI), Ricardo Rincón (DC), Marcela Sabat (RN) y René Saffirio (DC) y será analizado por la Comisión de Pesca.


Fuente: AQUA
 
 
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