La Asociación de Armadores de Naves del Sur (Armasur) de la XII Región, ante la derogación, entre comillas, de la autorización a cruceros extranjeros para que se desvíen de su ruta comercial y desembarquen pasajeros en 31 puntos de interés turístico de Chile, y considerando los planteamientos y anuncios en los últimos días, donde se plantea la creación de una ventanilla única y la creación de una pagina web para las solicitudes de desembarcos de cruceros, planteó una serie de cuestionamientos.
La organización expresa que el tema en cuestión no está sujeto a discrecionalidad administrativa, que existe legislación que debe aplicarse y que lo que hacen los cruceros de bandera extranjera es el desarrollo de una actividad comercial turística en Chile. Así se ha reconocido expresamente en las resoluciones y declaraciones de la autoridad administrativa.
Por lo tanto, a modo de ejemplo, se puede citar una de una de las tantas disposiciones legales vigentes infringidas, como el desarrollo de dicha actividad en Chile significa que los ingresos percibidos por los cruceros extranjeros son rentas de fuente chilena y deben tributar en Chile con todos los impuestos que ello amerita.
De ese modo, según lo publicado en www.mundomaritimo.cl, es de voluntad de Armasur y sus asociados exigir el cumplimiento de la ley y hacer efectivas las responsabilidades que correspondan.
La declaración añade que “los funcionarios públicos deben hacerse responsables de sus actos ya que, según la Constitución y Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes”.
Por ello, “deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes. El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”.
Los funcionarios públicos deben ser responsables al momento de tomar decisiones y velar porque se de cumplimiento a la legislación nacional y se resguarde el interés fiscal. Por lo mismo, no pueden tomar decisiones que faciliten la comisión de ilícitos.
Se añade que no es responsabilidad de Armasur que “alguien” haya vendido a los cruceros extranjeros la posibilidad de desarrollar actividades comerciales en Chile. Si ahora dichas personas se ven expuestas a situaciones de incumplimiento de contratos con sus clientes, es de su propia y absoluta responsabilidad, y la autoridad no puede hacer la “vista gorda”, desentendiéndose del tema y autorizar desembarcos ilegales sólo porque se argumente que los compromisos ya estaban tomados. Lo “extraño” de que la venta por parte de los cruceros en Chile se haya publicitado más de un año antes de la Resolución que les permitió el desembarco. «Se borra con el codo, lo que se escribe con la mano».