Con el objetivo de reforzar los mecanismos de protección de la pesca de anchoveta juvenil a nivel nacional, el Ministerio de la Producción de Perú (Produce) realizó un taller de evaluación sobre el impacto que generaron las medidas de suspensión de actividades extractivas de este recurso marino en el periodo 2014-2015.
Esta actividad fue dirigida a los representantes de las organizaciones de armadores pesqueros, de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), de las empresas supervisoras del Programa de Vigilancia y Control del Produce y del Instituto del Mar de Perú (Imarpe).
De acuerdo con lo explicado por el Produce en una nota de prensa, durante el encuentro los participantes revisaron las normas y las sanciones vigentes a la prohibición de pesca en las zonas marinas donde prevalecen los ejemplares juveniles de anchoveta. De igual manera, los asistentes solicitaron a las autoridades del Ministerio oficializar la cartografía isoparalitoral (líneas paralelas a la costa), y pidieron además la difusión permanente de los comunicados referidos a las suspensiones preventivas entre los integrantes del sector pesquero.
Las exposiciones estuvieron a cargo de Daniel Collachagua, director de Tecnología para la Supervisión del Produce, quien abordó el tema «Las Suspensiones Preventivas y Temporales 2014 y 2015»; así como César Santisteban, quien expuso sobre «La Sistematización de las Áreas de Suspensiones Preventivas y Temporales».
El taller formó parte de las actividades de control preventivo emprendidas por la Dirección General de Sanciones y Fiscalización (DGSF) del Produce, para sensibilizar y afianzar la comunicación, especialmente con los armadores pesqueros, sobre el cumplimiento de las normas del sector.
Al respecto, la DGSF informó que más adelante organizarán jornadas similares para abordar temas sobre las tecnologías en las supervisiones, la normativa de la pesquería, dirigidas a los pescadores, armadores, comercializadores e, inclusive, a la población escolar de las principales caletas y puertos del litoral peruano, incluyendo a funcionarios de los gobiernos regionales.