(Pulso) En el informe «Mejorando la legislación del empleo en la acuicultura. Una evaluación global» que presentó recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la entidad se detiene en las condiciones laborales en este sector a nivel global y concluye que los trabajadores no calificados del sector acuícola no reciben salarios que compensen su productividad.
En su informe, la FAO es sumamente crítica con Chile, no solo cuestiona la actual legislación laboral que rige al sector en Chile, destacando que las sanciones por infracciones laborales no son lo suficientemente onerosas, sino que añade que las empresas están abusando de la subcontratación y que los salarios no corresponden a lo que ocurre en esta industria en los países desarrollados.
Un ejemplo de la debilidad normativa y la poca relevancia que se le da a la normativa del trabajo en la acuicultura nacional es el hecho que, si bien se discutió la idea de retirar los permisos de operación para las empresas que violen la legislación laboral -algo que la FAO recomienda-, esto finalmente nunca se incluyó en la ley.
El documento de 58 páginas también critica las políticas salariales: «El salario básico de los trabajadores de procesamiento suele ser bajo, y sólo los bonos basados en rendimiento permiten que el sueldo exceda el mínimo legal».
Como recomendación, el informe insta a los reguladores de la actividad acuícola chilena a corregir su normativa, a fin de contar con una legislación laboral adecuada y acorde con la realidad mundial en esta industria.
Lapidario
Otro punto en que se detiene el estudio de la FAO es en el cumplimiento de las regulaciones particulares en Chile.
La entidad considera que, si bien la normativa sectorial efectivamente cumple con las reglas planteadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reclama que el deseo de mantener la competitividad, los costos a raya y las cuotas de mercado por parte de las firmas pueden animarlas a minimizar la importancia de las normas laborales.
A esto se añade que existe una capacidad limitada para supervisar el cumplimiento por parte del Estado.
En tanto, el equilibrio de género en la industria también es motivo de crítica. Hoy, en la acuicultura chilena alrededor de tres cuartas partes de los empleados son hombres, y esto llega a 92% para los marinos.
Para el director del Observatorio Laboral y Ambiental de Chiloé (Olach), Alejandro Salinas, el informe da cuenta de las «facilidades» que ha entregado la actual administración de gobierno para evitar el pago de multas.
En esa línea, el vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Sur, Carlos Levicoy, sostiene que hoy las empresas que son multadas pueden incluso solicitar un período de capacitación para corregir el error.
Mientras una mirada diferente es la que tiene el presidente de Acotruch -agrupación que reúne a productores de coho y trucha-, Julio Traub.
A su juicio la normativa laboral de Chile es muy restrictiva, cuestionando el informe de la FAO.
«Estamos comparando con bases distintas. Aquí la legislación laboral es enormemente complicada y las comparaciones deben ser ajustadas a la realidad del país», apunta Traub.
Añade que en Noruega un trabajador de la industria salmonera gana US$2.500, mientras que en Chile obtiene una cifra cercana a los US$1.000.