En relación con las declaraciones formuladas por un grupo de congresistas que han propuesto modificar la institucionalidad pesquera del país que contiene la actual Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), a raíz de las investigaciones judiciales encabezadas por el Ministerio Público, la Sociedad Nacional de Pesca F.G. (Sonapesca) sostuvo que la institucionalidad pesquera nacional «es el resultado de un amplio y público debate, llevado a cabo en el Congreso y en el Tribunal Constitucional con la participación de todos los sectores políticos, entidades científicas, académicos, autoridades sectoriales, destacados especialistas pesqueros, organizaciones no gubernamentales protectoras del medio ambiente y, por supuesto, de todos los actores de la industria, esto es, las entidades representativas de la pesca artesanal e industrial del país».
A juicio de la federación gremial, la Ley de Pesca fue fruto de un «acuerdo mayoritario y transversal que logró mejorar significativamente la posición de los pescadores artesanales, que incrementaron en forma importante sus cuotas de captura, mejorando a la vez la sustentabilidad de las distintas pesquerías», y aseguró que la pesca industrial «vio reducida su participación en la producción total, lo que la industria estimó como un paso para el logro de un horizonte de estabilidad en la legislación que regula a esta importante actividad productiva».
De igual manera, argumentaron que la nueva legislación recoge las «mejores prácticas internacionales en materia de sustentabilidad, entrega objetividad en la asignación de las cuotas, que son definidas por un Comité Científico autónomo, introduce un enfoque ecosistémico, crea los planes de manejo, y, lo más importante, genera condiciones claras y estables para la preservación de las especies».
Además, ahondó la Sonapesca, esta normativa deja la industria pesquera en «manos de empresas y trabajadores chilenos, estableciendo mecanismos regulatorios similares a los de otros sectores de recursos naturales».
«Sería lamentable y deplorable que situaciones puntuales que deben ser investigadas a través de las instituciones de nuestro Estado de Derecho, pudieran afectar una legislación que, a pesar de su reciente implementación, está siendo actualmente evaluada, a solicitud del Gobierno de Chile, por la FAO de Naciones Unidas», adujo la federación.
Sobre este último punto, los industriales pesqueros dijeron concordar con esta evaluación y formularon un llamado a la «prudencia para evitar generar incertidumbre innecesaria en un sector que, como ha dicho recientemente la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ‘es uno de aquellos sectores productivos que son prioritarios para Chile, tanto por el impacto que tienen en la actividad económica y en la generación de empleo, como porque pertenecen a nuestro patrimonio común y a nuestra identidad como país'».
Asipes
Por su parte, la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) también salió en defensa de la denominada «Ley Longueira».
Lo anterior, a raíz de los cuestionamientos recibidos por la iniciativa, luego que se conociera la declaración que realizó ante la Fiscalía el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, en donde detalló que la empresa -una de las mayores de la industria pesquera- realizó pagos al senador UDI Jaime Orpis, mientras en el Senado se discutía la mencionada Ley de Pesca.
Según relató un artículo publicado en La Tercera, en su declaración ante el fiscal Mujica habría sostenido que en 2010 el senador le habría planteado que poseía un déficit económico producto de la campaña electoral, por lo que le habría solicitado ayuda para pagar esas deudas. Y, según afirmó el ex representante de Corpesca, fue el propio Orpis quien le habría propuesto respaldar la entrega de esos fondos con boletas de terceros y mediante informes relacionados con el consumo de drogas. Mujica dijo al fiscal que efectivamente llegaron algunos informes, pero que la empresa no los necesitaba.
A raíz de esta situación, algunos políticos han manifestado la necesidad de revisar la ley. Incluso, el diputado PC Hugo Gutiérrez dijo a La Segunda que «en el caso de la Ley de Pesca le corresponde al Poder Legislativo anular esta legislación».
Respecto de este punto, el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, argumentó -según lo publicado por Pulso- que la ley es «legítima, aprobada democráticamente luego de un extenso debate en el Congreso y ratificada por el Tribunal Constitucional; pro conservación: establece la administración de los recursos debe hacerse en base a la opinión científica; y favorece al sector artesanal en las cuotas: hoy tienen el 56% de las pesquerías a nivel nacional».
De igual manera, Moncada adujo que «las leyes aprobadas por el Congreso deben ser respetadas; si alguna presunta irregularidad afecta a un par de congresistas -lo que en todo caso debe ser constatado conforme a sentencia de los tribunales- se deben aplicar las sanciones que la ley establece. Derogar una ley por tal razón es algo improcedente, ya que sería presumir que la mayoría de los diputados y senadores habrían votado inducidos por financiamiento, lo que es agraviante para nuestro país y sus instituciones. Ninguna ley económica podría quedar libre de sospecha, en tal caso», sentenció el timonel de la Asociación de Industriales Pesqueros.