De acuerdo a la investigación que ha llevado a cabo la Fiscalía por alrededor de tres años, los delitos se perpetraron al menos desde el año 2016 al 2019, cuando el gerente de producción de la empresa Nova Austral, Arturo Schofield y el gerente de Producción Agua Mar de la empresa, previamente concertado con el resto de los imputados Drago Covacich Mckay, gerente regional de Magallanes, Nicos Nicolaides, ex gerente general de la empresa, Rigoberto Garrido jefe de Área e Isaac Ollivet-Besson, jefe de Área de la empresa, realizaron acciones directas tendientes a falsificar y adulterar los datos reales de siembra, cultivo, cosecha y mortalidad de cada centro. Lo que debían entregar a las entidades fiscalizadoras, con el objetivo de alterar los verdaderos indicadores que permiten evaluar la condición sanitaria y ambiental de los centros de cultivo y así engañar a Sernapesca y Subpesca.
Cabe indicar que esto, dio pie a que los diversos centros de cultivo de la empresa Nova Austral, obtuvieran una clasificación de Bioseguridad Alta, siendo que los datos reales daban cuenta que correspondía una clasificación de Bioseguridad Baja 2. Lo que habría implicado una reducción del 60% de ejemplares a sembrar, disminuyendo la producción por parte de Nova Austral, generando como consecuencia una venta menor, que influyó de manera directa en la bonificación solicitada a Tesorería, la que en consecuencia, también habría sido menor.
No obstante, distintos funcionarios de la empresa, a solicitud de los ejecutivos imputados y en pleno conocimiento de estos, presentaron en la sucursal de Tesorería General de la República, formularios de solicitud por la empresa Nova Austral, para obtener la subvención o bonificación de la ley Navarino, por sumas que entre el mes de febrero de 2017 y junio de 2019 alcanzó un monto por sobre los $50 mil millones de pesos.
Durante la formalización de cargos, el fiscal indicó también que los imputados efectuaron, en los centros de cultivo, un exceso de siembra de alevines, lo que incidió en un aumento en los desechos orgánicos del suelo marino por peces muertos, alimentos no consumidos ni degradados y fecas, generando un aumento en la cosecha por sobre lo autorizado. Lo que provocó impactos ambientales significativos, consistentes en la degradación del suelo marino, contaminación del componente agua y pérdida de biodiversidad, generando además, una disminución sustantiva de oxígeno en los cuerpos de agua y la propagación de algas que impiden que la luz penetre hasta el fondo del ecosistema, lo que, en definitiva, implica un empobrecimiento de la biodiversidad acuática.
Respecto al Centro de Cultivo Aracena 14, que se encuentra emplazado en el interior del Parque Nacional Alberto De Agostini, correspondiente a un área silvestre protegida por el Estado, el fiscal indicó que la empresa se coordinó y se concertó con terceros para introducir al mar, por embarcaciones que prestaban servicio a la empresa imputada, toneladas de arena de playa y una sustancia química denominada percarbonato de sodio, que fueron depositadas y vertidas en el lecho marino debajo del módulo de cultivo, sin autorización previa de la autoridad competente. Lo que alteró las condiciones de oxígeno y sedimentación del fondo marino de manera artificial, además de generar cambios en el sustrato que afectaron la biodiversidad y distribución de la macro fauna bentónica existente en el área de sedimentación del centro de cultivo, no permitiendo la recuperación natural del ecosistema, todo esto para ocultar el daño ocasionado y demostrar un lecho marino aparentemente limpio y en condiciones para iniciar un nuevo ciclo productivo ante una fiscalización futura de Sernapesca y organismos relacionados.
Cabe indicar que la empresa Nova Austral S.A., dedicada a la siembra, cultivo y cosecha de distintas especies de salmónidos, solicitó el 5 de enero de 2000, acogerse a los beneficios de la Ley N°18.392, más conocida como Ley Navarino. La cual establece una bonificación equivalente al 20% del valor de las ventas de los bienes producidos por ella, deducido el Impuesto al Valor Agregado que las haya afectado, todo desde el territorio de la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, siempre y cuando “su establecimiento y actividad signifique la racional utilización de los recursos naturales y que asegure la preservación de la naturaleza y del medio ambiente”.
Fotografía: Fiscalía.