En relación con el nuevo proyecto de Ley de Pesca que ingresó el Gobierno al Congreso hace algunos días, el Frente por la Defensa del Desarrollo Pesquero del Biobío, compuesto por el personal embarcado, los trabajadores de la industria, el sector artesanal histórico, las empresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes), rechazó la propuesta.
“Esta propuesta no asegura ni fomenta la creación de empleo formal ni estabilidad laboral, de hecho, promueve la precarización de los trabajadores de la pesca artesanal y de las pymes. La incertidumbre persiste, y se agrava para las más de 8 mil familias que este frente representa. Este proyecto es una amenaza para la estabilidad laboral, propiciando la pérdida de formalidad y socavando la capacidad de sindicalización en nuestro sector”, manifestaron.
También expresaron que “este proyecto carece de equidad y justicia para la región del Biobío, ya que en lugar de promover una distribución justa, genera divisiones que afectan directamente a los trabajadores, tanto industriales, como artesanales y las pymes. La propuesta también provoca inestabilidad para las empresas que son nuestra fuente de empleo, creando un riesgo significativo e inminente para la continuidad de nuestros puestos de trabajo”.
Destacaron que como Frente Regional por la Defensa del Desarrollo Pesquero del Biobío están muy a favor de mejorar la ley vigente. Sin embargo, consideran que este proyecto no solo va a generar un estancamiento de la región, sino que también va a acarrear la pérdida de empleos y ahuyentará la inversión.
“La propuesta de ley carece de estímulos e incentivos para fomentar la inversión y el desarrollo de la actividad pesquera, ocasionando un perjuicio irreversible para el Biobío al no ofrecer mejoras significativas para nuestra actividad en su conjunto. Esta propuesta va a generar la pérdida de patrimonio y empleos en la región, promoviendo la concentración del mercado en lugar de impulsar la competencia, y lo más preocupante, es que no considera una plataforma social”, sostuvieron.
Destacaron que, “a pesar de las afirmaciones del Subsecretario de Pesca sobre que «los cambios solo se aplicarían en el año 2033», el fraccionamiento propuesto por el Gobierno entraría en vigencia al promulgarse la ley y una vez asignadas las cuotas globales. Lo mismo sucedería con la distribución del 50% de las licencias LTP-A y LTP-B. En consecuencia, la afirmación resulta inexacta”.
En relación a las licitaciones, “para nosotros como trabajadores industriales, artesanales y miembros de las pymes, es ofensivo que se nos haya considerado como un elemento más en las transacciones; es decir, seremos “objetos” licitables, transables, sacrificables”, expusieron.
“Creemos que la propuesta carece de sentido de realidad, lo que demuestra un desconocimiento mayor de la región del Biobío en su conjunto. Consideramos que este proyecto busca liquidar a un sector completo ya que solo re distribuye los recursos, no genera el desarrollo necesario, regulando “hacia abajo” y retrocediendo los avances que hemos logrado conseguir durante más de 70 años”, indicaron.
El organismo además se refirió a las reuniones confidenciales entre algunos empresarios salmonicultores, “cuya actividad económica difiere considerablemente de la que se lleva a cabo en el Biobío, y los ministros que lideran la discusión. Estas reuniones generan un daño enorme para nuestro sector y a la pesca en general, además de ensuciar y cuestionar el proyecto desde sus inicios, despojándolo de la transparencia y la integridad moral necesarias para llevar a cabo una discusión tan crucial para nuestro país”, señalaron.
Por lo anteriormente expuesto, la organización realizó un llamado a todos los parlamentarios de la región, sin distinción de sectores, a unirse en defensa de la región. “Ya que este proyecto podría tener consecuencias verdaderamente desastrosas para la actividad económica y sobre todo, a los trabajadores de la pesca artesanal, industrial y de las pymes del Biobío”, afirmaron.
Finalmente, “en conjunto declaramos que no queremos explicaciones; hoy; necesitamos acciones concretas y a tiempo, para evitar un nuevo desastre como lo sucedido con la Ley de la Jibia”, culminaron.
Fotografía referencial Frente por la Defensa del Desarrollo Pesquero del Biobío