Mientras decide si mantener, disminuir o eliminar totalmente los actuales cinco permisos a barcos pesqueros chinos para que puedan ingresar a puertos chilenos, el gobierno ya está delineando otro camino posible para rentabilizar la pesca nacional, en particular el jurel (Trachurus murphyi), que es el rubro más afectado por la competencia asiática de alta mar.
De acuerdo con lo publicado en La Tercera, el subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, comenta que se evalúa en profundidad reabrir las autorizaciones para que operen buques factoría chilenos en el territorio marítimo. «Nos encontramos en una situación en que la pesca del jurel es cada vez más lejana de la costa y allí los barcos chilenos deben competir con buques fábrica de otros países. Por eso estamos analizando permitir nuevamente la existencia de buques fábrica chilenos», cuenta Sandoval.
A su vez, el gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Cristián Jara, sostiene que «tenemos que evaluar en qué consistiría eso. Hay que ver el contexto primero».
La Ley de Pesca de 1991 prohibió el funcionamiento de esos buques desde Chiloé al norte, debido en parte al desempleo que provoca ese tipo de embarcaciones sobre los trabajadores en tierra. Sandoval estima que sólo existen entre tres y cuatro buques factoría al sur de Chiloé.
Esas naves pueden estar meses extrayendo los recursos y procesándolos, todo en alta mar. De esas características son los barcos chinos. Sin embargo, transcurrido un tiempo deben hacer reparaciones, reabastecerse de insumos, dar descanso a su tripulación y desembarcar su carga, para lo cual recalan en los puertos.
Sandoval añade que estos eventuales nuevos permisos formarían parte de una nueva política pesquera. «Tenemos que tener una discusión al respecto ahora. Es un conjunto de cosas las que debemos debatir, no sólo las cuotas», dice.
El poder del jurel
Los pesqueros chilenos están más que molestos. Esta semana se enteraron de que el Consejo Nacional de Pesca determinó reducirles en unas 75 mil t el máximo de capturas del jurel, de acuerdo con las cuotas que la industria puede extraer según dicta la nueva legislación.
La queja empresarial proviene de que, según sus cálculos, esa reducción coincide con similar volumen de aumento de las capturas chinas en alta mar, más allá de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva. Pero mientras a cualquier otro país se le prohíbe el ingreso a puertos chilenos si no demuestran cooperación con la ley de preservación pesquera, con China se hizo una excepción.
Según Jara, el recorte en las cuotas implica que dejarían de operar tres barcos y menores ventas por US$ 20 millones, «lo que equivale a que los armadores chilenos les pagarán las patentes a los buques chinos».
Un tercio de las capturas chilenas corresponde al jurel, cuya área de explotación se ubica entre las regiones I y X, y la mitad se pesca en alta mar. Las pesqueras Camanchaca, El Golfo, Itata, Bío Bío, Igemar, San José y Alimar se disputan la primacía productiva y exportadora del sector.
En términos generales, estima Jara, la industria pesquera chilena –incluyendo salmones y harina de pescado– suma unos US$ 3.100 millones de exportaciones, casi el 8% de los envíos totales chilenos.