(Pulso) Por estos días, el grupo japonés Nissui -a través de su filial chilena Salmones Antártica- se enfrenta a una dura discrepancia con la autoridad por la reciente modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) que regula la industria salmonicultora.
En la década de los ochenta, el grupo japonés adquirió a la Fundación Chile la productora de salmónidos, y su actividad ha sido fructífera. Hoy es el mayor productor mundial de truchas. La compañía factura US$200 millones anuales, con sus 28 concesiones, y produce poco más de 30.000 toneladas anuales. Sin embargo, asegura que sus planes de expansión se han echado por tierra tras un reciente cambio legislativo.
El pasado 7 de abril, el Gobierno publicó en el Diario Oficial una nueva norma en el marco del plan de relocalización de concesiones. Hasta dicha modificación legal, las concesiones ubicadas en el fiordo de Aysén gozaban de una preferencia.
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En la denominada Ley 20.825 se modificó el inciso cuarto, donde limita la subdivisión de concesiones a un máximo de dos. Según el gerente de Cultivo de Salmones Antártica, Claudio Lara, dicho cambio significará un impacto de US$150 millones de acuerdo con el plan de expansión que mantenía vigente al 2017, puesto que consideraba la operación de once concesiones más. A esta fecha, afirma el ejecutivo, la empresa habría estado facturando US$350 millones.
A eso se suma que solo en materia de gastos por tramitación ambiental y estudios la compañía había desembolsado US$1 millón. Por lo mismo, ahora la empresa evalúa arrendar concesiones.
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Tal es la molestia de la empresa, que el propio embajador de Japón en Chile, Naoto Nikai, le expresó su preocupación al subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, en una reunión que sostuvieron el pasado lunes 22 de junio. La cita, que se hizo pública a través de la Plataforma de Lobby, duró una hora.
En la reunión realizada en la Oficina de Coordinación de la Subpesca en Teatinos 120, Santiago (Región Metropolitana), el diplomático adujo que «la antigua y estrecha relación que ha existido y existe entre los gobiernos de Chile y Japón en materias de acuicultura y pesca», consigna el registro de audiencias de organismo público. Junto con el embajador también estuvo presente el primer Secretario de Asuntos Económicos de la embajada de Japón, Keizo Nonomura.
Desde el Gobierno la respuesta no se hizo esperar. El propio Súnico afirmó categórico: «No estamos de acuerdo con dichas declaraciones». Y añadió: «Se debe recordar que cuando se produjo esa ola que afectó a los centros de cultivo en el Fiordo de Aysén, las mismas empresas indicaron que saldrían del fiordo al obtener nuevas concesiones y no lo han hecho».
En esa línea, sostiene que en el año 2012 el fiordo fue declarado corredor sanitario, lo que significa que separa macro zonas de cultivo y debe quedar libre de concesiones y la ley en el año 2012 estableció disposiciones específicas para lograr la salida. «De esta manera, entonces, no se trata de algo imprevisto», enfatizó el secretario de Estado.