Conocido como un importante exponente en la industria salmonera, durante más de 20 años se ha desempeñado como dirigente sindical en el sector salmonicultor. Ha representado desde federaciones hasta importantes gremios, como Confetrasur y Conatrasal. Actualmente es presidente de la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, organización que reúne más de 15 mil asociados, entre sindicatos y federaciones, desde la región del Biobío hasta Magallanes.
Alejandro Santibáñez Gómez es Técnico Mecánico Naval, egresado del Instituto del Mar “Capitán Wiliams”, de Chonchi. Además estudió Ingeniería en Administración de Empresas, con mención en recursos humanos. Oriundo de la comuna de Castro, es hijo de un ex concejal de la comuna de Chonchi, y de dirigenta sindical de transporte básico. Gran parte de su vida laboral ha estado ligada a la salmonicultura, desempeñándose en centros de cultivo, plantas de proceso y áreas de buceo.
Hoy representa a la Multisindical formada el año 2018, la cual tiene como objetivo poder defender todas las inquietudes de los trabajadores en todos los ámbitos pertinentes. Revista AQUA conversó con el presidente de la Multisindical de Salmoneros, en relación al contexto actual de la industria salmonera, sus proyecciones, la Ley Lafkenche y los desafíos como representante.
¿Cuál es el enfoque que tienen los trabajadores en relación al ordenamiento territorial y borde costero? y ¿Cuál es la mirada que tienen de la Ley Lafkenche?
La ley Lafkenche es una norma que, en su justa dimensión, vendría a reivindicar de alguna forma la necesidad de entregarles a nuestros pueblos originarios un espacio en donde ellos puedan cuidar, preservar y explotar de la manera que estimen pertinente, bajo los parámetros que establece la ley.
Pero esto se descontroló debido a que esta misma ley no entrega recursos para ayudar a fomentar el cuidado o explotación de este borde costero por parte de los pueblos originarios. Y no fijó de ninguna forma cuáles son los espacios mínimos ni máximos que se pudiesen requerir, y eso lleva a que esto no tenga un control de dimensionar efectivamente cuántos son los espacios necesarios, o cuáles son los espacios que se requieren entregar a los pueblos originarios, sin que esto perjudique a otros sectores.
Principalmente es eso lo que nosotros criticamos, en cuanto a la cantidad de espacio que hoy están entregados y los que están solicitados. Creemos que existe una proporción gigante en cuanto a la necesidad y capacidad de poder cuidar y preservar. Esta ley nació en aspecto positivo, el hecho de poder preservar y poder empatizar con quienes pertenecen y vivimos del borde costero es súper valorable. Pero ese es el espíritu, ahora en la práctica donde está el problema. Tanto servicio público se interrelaciona para poder entregar estos espacios, que limitan de poder avanzar de manera efectiva en el ordenamiento. Lo que necesita la industria es que pueda moverse a lugares aptos en los cuales no genere mayor impacto ambiental y sanitario. Y en sociopolítico, me refiero a que podamos convivir de buena forma.
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Fotografía: Alejandro Santibáñez