Trabajadores de la pesca industrial que se verán directamente afectados por el proyecto que limita la captura de la jibia marcharon el pasado viernes 21 de diciembre por Concepción (región del Biobío). La movilización de advertencia surgió luego de que la iniciativa pasara una nueva prueba para convertirse en ley, al ser aprobada en el Senado con 27 votos a favor, siete en contra y una abstención. Un proyecto que, según han alertado los dirigentes de este sector, provocará la pérdida de más de 2.000 puestos de trabajo estables, en caso de que llegue a concretarse.
En total, fueron más de 1.000 los trabajadores que se reunieron en Plaza Perú y marcharon de manera pacífica hasta el frontis de la Intendencia de la Región del Biobío. Esto, con la idea de mostrar su decepción por la reciente aprobación de la iniciativa y por la forma en que avanzó el proyecto en el Congreso, sin que se oyeran los argumentos del sector en la Cámara de Diputados, ni los antecedentes técnicos y científicos que se presentaron ante el Senado.
El presidente de la Federación de Tripulantes de Chile (Fetrinech), Sergio Vera, precisó que “esta manifestación es la llamada de atención a los parlamentarios de la región, que poco nos han ayudado. El Congreso fue negativo para nosotros en este trámite y lo único que nos queda es que el Gobierno cumpla con su compromiso de llevar este tema al Tribunal Constitucional. Nosotros vemos que el Parlamento no está actuando en relación a legislar hacia un país, sino que en beneficio propio”.
En esa línea, la presidenta de Sindicato Blumar, Paola Sanhueza, ahondó respecto de lo que califican como una total pasividad por parte de las autoridades del Biobío sobre el tema. En ese sentido, aseguró que “es inconsecuente que un parlamentario venga a la zona a buscar apoyo y en el Congreso vote en contra de sus propios representados. Eso no lo aceptamos y ésta es una primera manifestación que estamos haciendo, porque vamos a ir paulatinamente endureciendo nuestra posición”.
Los trabajadores insisten en que se trata de un mal proyecto para el país y sobre todo para la región del Biobío. Ricardo Flores, presidente del Sindicato de Tripulantes de Arrastre manifestó que “a nosotros, como tripulantes de los barcos industriales, nos deja sin la posibilidad de trabajar y obviamente nosotros nos vamos a manifestar para que esta medida se revierta. El Gobierno se comprometió a enviar este proyecto al Tribunal Constitucional. Y además éste no contempla una plataforma social para los trabajadores embarcados, en caso de los despidos que puedan haber más adelante, porque si no podemos trabajar en las embarcaciones que tenemos ahora, vamos a ser despedidos”.
Según lo informado, el proyecto ahora debe volver a la Cámara de Diputados, luego de que este miércoles el Senado despachó a tercer trámite el proyecto que busca fijar como método de extracción la utilización de un aparejo denominado potera y el arte de línea de mano. Además, establece sanciones con multas de más de $24 millones y el decomiso de las especies a los armadores que infrinjan la norma.