Hoy martes, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunció la incorporación de un sistema preventivo, transparente y obligatorio de control de fusiones y operaciones de concentración que cumpla con los más altos estándares internacionales, el cual será incorporado en el proyecto de ley que fortalecerá la institucionalidad que cautela la libre competencia.
Lo anterior en el contexto de la inauguración del Día de la Competencia, actividad organizada por la Fiscalía Nacional Económica en la que también intervinieron el Fiscal, Felipe Irarrázabal y el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca, entre otras autoridades.
El ministro precisó que el Gobierno está “en la fase final de redacción” del proyecto de ley que se enviará al Congreso.
“Yo creo en el mercado y por eso creo que la defensa de la libre competencia es esencial para el desarrollo de Chile, porque garantiza que en nuestros mercados impere una competencia que permita a las empresas ofrecer bienes y servicios de mejor calidad, mayor variedad, innovadores y al menor precio posible. Pero también propicia una sociedad más justa y democrática, donde los consumidores y ciudadanos tienen la certeza de que no hay espacio para quienes quieran aprovecharse de su poder económico y cometer abusos que generan perjuicios a todos los chilenos”, añadió.
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Céspedes anunció que la iniciativa incluirá “un sistema de multas que diga relación con el daño causado y que efectivamente aquellos que se coluden no les salga barato hacerlo”, así como medidas para robustecer la delación compensada e imponer sanciones específicas a los ejecutivos que participen del cartel, entre otras.
Agregó que se propondrá el control preventivo y obligatorio de fusiones u operaciones de concentración, que seguirá las recomendaciones que formuló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un informe reciente, donde advirtió sobre las deficiencias que Chile tiene en este ámbito.
Indicó que la notificación permitirá a los agentes económicos “tener la certeza jurídica de que sus operaciones se ajustan a la libre competencia”, pero al mismo tiempo, “otorgando a las empresas y a los agentes económicos la certeza necesaria para emprender y hacer negocios”.