Respecto de la querella por presunta estafa presentada en contra de exgerentes y directores de la empresa, Nova Austral aclara: “Esta acción judicial no va dirigida en contra de Nova Austral, sino que se enmarca en un conflicto entre accionistas y tenedores de bonos por hechos no relacionados a la actual administración de la empresa”.
“Por lo tanto, esta acción legal no altera la operación ni el proceso de reorganización judicial en el que se encuentra actualmente la compañía”, afirman desde la empresa.
Esto luego que el martes 11 de julio ante el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir (región de Magallanes), la acción judicial fuera presentada por el abogado Carlos Cortés Guzmán, en representación de Fratelli Investments Limited, corporación extranjera, en su calidad de víctima.
La presentación legal está dirigida en contra de Yngve Myhre, presidente del directorio de Nova Austral; Halvor Meyer, director y socio de Bain Capital Private Equity, con domicilio en el Reino Unido; Tom Christian Jovik, director, con domicilio en Oslo, Noruega; Nicolás Nicolaides, ex gerente general de Nova Austral, y Sergio Montenegro, ex director financiero de la compañía; y en contra de todos aquellos que resulten penalmente responsables como autores, cómplices y encubridores del delito de estafa, y por cualquier otro delito que resulte acreditado durante la investigación.
El documento sostiene que “los querellados -como directores y administradores de la compañía Nova Austral deciden colocar un bono en el mercado de valores por US$300 millones en el año 2017, sabiendo que a los menos desde el año 2016 la empresa incumplía severamente las normas medioambientales chilenas, tal como se acredita en causa iniciada por el Consejo de Defensa del Estado y posterior formalización, verificada respecto de la planta administrativa y gerencial ante el tribunal”.
Añade que “una vez que se han captado dichos dineros, hacen desaparecer los principales activos que tenía la empresa emisora del bono, que eran los créditos que tenía la compañía contra su matriz. Debe tenerse presente que se autorizaba únicamente y exclusivamente cancelar deudas y distribuir dividendos, bajo ciertas condiciones, con los dineros recibidos del bono. No había autorización alguna para vaciar patrimonialmente la compañía”.
La presentación legal sostiene que “el día 13 de abril de 2023, NASA sincera que la proyección de cosecha disminuía 17.000 toneladas el año 2023 y 8.000 toneladas el año 2024. Todo ello muy distante de las 65.490 toneladas que se informaron al emitir el bono”.
“En definitiva —continúa el escrito—, sabiendo de la inviabilidad que tenía la compañía por las infracciones medioambientales en que incurrían, el flujo financiero que tendría a futuro no era más que una apariencia y, por otra parte, el patrimonio de la empresa lo ceden a los controladores. Por lo anterior, la empresa se queda sin flujos y sin activos. La colocación del bono no fue sino un ardid para captar dineros del público y quedarse con ellos sus controladores, eliminando las pérdidas que habían sufrido en el desarrollo de su negocio en Chile”.
Finalmente, el 14 de julio la querella fue declarada admisible por la jueza suplente en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, Mónica Mancilla, y los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público en conformidad al artículo 112 del Código Procesal Penal.
Fotografía: Nova Austral.