Los trabajadores de la industria pesquera emplazaron al senador Alejandro Navarro (MAS) y a «todos los congresistas que se encuentran cuestionando» la Ley de Pesca a «transparentar quién financió sus compañas electorales» a fin de conocer si existen dineros de empresas como casinos, agrícolas, concesiones de infraestructura o sanitarias, retail, energía, tabaco, forestales y cualquier otro sector que pudo haber participado con financiamiento, «ya que ahí también pudo haber traspaso de intereses e influencia para conseguir leyes o normativas», subrayó en un comunicado de prensa el presidente del Sindicato de Patrones de la Pesca Industrial de la Región del Biobío, Juan Carlos González, quien subrayó que «quienes buscan tirar al sacrificio a la Ley de Pesca, buscan también esconder cómo ellos mismo se financian».
«Los tribunales de justicia deben actuar en los casos del senador Jaime Orpis (UDI) y de Marta Isasi (independiente por la UDI), que son la excusa para atacar la Ley de Pesca, pero la ciudadanía también debe saber cuáles son los intereses que a ellos mismos le permitieron ser electos», enfatizó González, añadiendo: «emplazamos al senador Navarro, quien es representante del Biobío, a terminar con las frases hechas y los mitos que usan los que defienden las licitaciones internacionales de los recursos pesqueros de Chile como dardos para confundir a ciudadanía y a los mismos pescadores artesanales».
El dirigente adujo que en la Región del Biobío el 54% del total de los recursos pesqueros están en manos del sector artesanal, puntualmente el 80% de la sardina y la anchoveta, el 80% de la jibia y el 40% de la merluza.
«Nosotros también estamos haciendo la pega de defender nuestros puestos de trabajo. Siempre se hace ver al artesanal como una persona débil que tiene un botecito pequeño, pero la realidad es que existe un montón de empresarios lancheros con naves que llegan a los 18 metros de eslora, que generan ganancias millonarias y que no están por cuidar los recursos. Por esto les resulta fácil recurrir al mito de las ‘siete familias’, para que la gente sienta que existen desventajas, pero en realidad en la ley no hay más que una intención de proteger el patrimonio pesquero, donde tanto industriales y artesanales deben aplicarse y ceder», manifestó González en respuesta al senador Navarro, quien sostuvo que de mantenerse la actual Ley de Pesca los artesanales «estarían destinados a desaparecer».
El presidente del Sindicato de Patrones de la Pesca Industrial de la Región del Biobío complementó que anular la ley «significaría un desastre para los recursos, porque vamos a quedar en tierra de nadie por un largo tiempo mientras se aprobase una nueva normativa; volveremos a la ‘carrera olímpica’; no habrá ordenamiento; y todo lo que se ha hecho para conservar los recursos de nada valdrá», aseveró.
Para cerrar, el dirigente de los trabajadores industriales insistió que la aprobación de la Ley de Pesca «se logró tras una larga discusión y si bien toda norma puede mejorarse, vemos con optimismo los criterios que la FAO (Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura) pueda aportar después de la revisión que les solicitó el Gobierno».