(El Mercurio) Los trabajadores portuarios de Valparaíso -agrupados en la Contraporchi y el sindicato N°1 de eventuales-, pidieron un pronunciamiento a la Contraloría General de la República respecto de supuestas acciones «ilegales» impulsadas por el Intendente de Valparaíso, Ricardo Bravo, con el respaldo de la estatal Empresa Portuaria Valparaíso (EPV).
Acusan que tras presiones del gremio de transportistas -camioneros-, la autoridad regional está propiciando que estos reciban los contenedores o mercaderías revisadas por Aduanas o el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en dependencias de la Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL), concesionada en 2008 a la española Azvi y que se encuentra a 11 km del terminal.
Esto se puso en marcha tras la paralización de camioneros en octubre pasado, que reclamaban demoras en trámites portuarios.
Esta situación estaría afectando a los concesionarios del puerto de Valparaíso, especialmente a Terminal Pacífico Sur (TPS) -del grupo Von Appen-, el mayor operador del lugar. Este habría ofrecido al SAG mejores condiciones para el aforo -revisión y control físico de los contenedores-, pero dicho servicio público no consideró la propuesta, señala el escrito enviado por los portuarios a Contraloría.
El texto añade que el traslado de los contenedores a la ZEAL implica un costo adicional para el consignatario o cliente de US$ 180 por cada unidad, lo que totalizaría US$ 5,4 millones al año, considerando que se aforan 2.500 contenedores al mes (30 mil al año).
En materia laboral, los portuarios advierten que perderían tres mil turnos al mes y quedarían cesantes 150 personas mensualmente, ya que las labores de revisión no las harían operarios del puerto.
En el documento recordaron que el terminal tenía una superficie de respaldo de 45 hectáreas, la que se redujo a no más de 20 hectáreas por la entrega de terrenos para el Mall Barón.
Rol de autoridad
El intendente de Valparaíso, Ricardo Bravo, sostuvo que su rol ha sido el de generar acuerdos voluntarios entre las partes para evitar desórdenes públicos que dañen el normal funcionamiento del sistema portuario.
Bravo afirmó que el sistema de carga está avalado por todos los actores del sistema logístico. Añadió que actualmente están analizando si las revisiones del SAG pueden realizarse al interior del recinto portuario en vez de la ZEAL. En TPS y EPV declinaron referirse a este tema.