El Instituto de Investigación Pesquera (Inpesca) realizó una evaluación de lo que ha sido la aplicación de la denominada Ley de la Jibia, disposición que entró en vigencia en agosto de 2019 y que cumplió dos años de aplicación en nuestro país.
El Inpesca recolectó datos de desembarques de este recurso y analizó indicadores socio-económicos que, en su conjunto, fueron considerados como evidencia que ayudaron a concluir que la legislación ha tenido un impacto negativo para el sector industrial y, contrario de lo que se proyectaba, también para el sector artesanal, particularmente, en la región del Biobío, según lo informado desde el instituto.
Uno de los aspectos más relevantes citados por la entidad es que, a pesar de algunos esfuerzos (Pesquero de Altamar PAM Leopardo), la industria finalmente no pudo adaptarse y reconvertir las embarcaciones al mecanismo de potera. Esto fue ampliamente señalado por los parlamentarios durante el debate legislativo como justificación para su aprobación. Según el análisis hecho por el Inpesca, en la actualidad, “los hechos y ensayos confirman que la conversión y cambio del arte de pesca a potera en naves industriales no es viable, algo que fue advertido profusamente por actores privados y expertos”, informaron.
Una vez que entró en vigencia la Ley, en la región del Biobío se produjo el cierre de 6 líneas procesadoras de jibia y 6 naves abandonaron la actividad. A la fecha, según comprobaron los investigadores del Inpesca, ni las plantas ni las naves han recuperado su actividad y capacidad productiva y la pérdida de empleos se estima en más de 2.000 puestos tanto en tierra como en mar.
Inpesca constató además que las capturas de este calamar bajaron abruptamente en el país. Con la entrada en vigencia de la Ley, el porcentaje de cumplimiento de la cuota anual de captura para la flota artesanal ha disminuido también dramáticamente para el período 2019-2021 (hasta el 31/08/2021), fluctuando entre un 11% y un 34% (datos oficiales del Servicio Nacional de Pesca).
La caída en los niveles de desembarque golpeó además en las exportaciones chilenas. Se ha registrado una disminución significativa de exportaciones de US$192 millones en el año 2018 a US$67,8 millones el 2019, tendencia que se mantiene de forma similar durante el año 2020 (US$67,9 millones), para decaer aún más (US$35,5 millones) a junio de 2021. Según el Inpesca, esta consecuencia de baja sistemática en la exportaciones implica además de las pérdida de divisas y empleos, una pérdida de mercados, “constituyendo un efecto negativo para la actividad económica y social del país en el largo plazo”.
Se puede revisar el análisis completo aquí.
Fotografía: Archivo/Sonapesca