Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, este lunes 11 de noviembre llegó al Senado de Chile el proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas, el que será analizado en primera instancia por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
La idea matriz del mensaje es crear un régimen regulatorio de las concesiones marítimas que permita una mayor celeridad en su tramitación y que garantice de mejor manera la seguridad jurídica para sus titulares, considerando los aspectos ambientales, sociales y económicos que confluyen en el borde costero de forma coherente con la administración y gestión del resto del territorio nacional. Labor que será gestionada por el Ministerio de Bienes Nacionales.
En la actualidad es el Ministerio de Bienes Nacionales el encargado de elaborar políticas sobre el territorio fiscal y de reconocer, administrar y gestionar dicho patrimonio, que equivale aproximadamente al 50% de Chile continental (38 millones de ha). Por otra parte, Chile tiene aproximadamente 4.200 kilómetros de costa, cifra que sube a cerca de 83.850 kilómetros si se consideran las islas que bordean el continente.
Principales cambios del proyecto
Entre los principales cambios de la iniciativa se destacan: Traspasar la administración del sistema de concesiones marítimas desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales; pasar de una administración caso a caso a una gestión basada en políticas definidas y con mayores grados de certeza para los agentes públicos y privados; pasar de una participación regional más bien inorgánica a una participación institucionalizada de las regiones.
Lo que persigue
I. Regular el proceso de fijación y modificación de la Política Nacional de Uso del Borde Costero.
II. Regular el proceso de Zonificación del Borde Costero a lo largo del territorio nacional.
III. Establecer un nuevo Régimen de Concesiones Marítimas administrado por el Ministerio de Bienes Nacionales.
Ahora, con respecto al proceso de definición de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, el proyecto lo eleva a rango legal, estableciendo los criterios generales y específicos para el aprovechamiento integral, equilibrado y armónico de dicha zona con miras a conciliar las necesidades sociales de desarrollo económico, uso racional de los recursos naturales y protección del medio ambiente, desde una perspectiva nacional.
Se encarga además a la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero la elaboración y proposición de la Política Nacional, modificándose su integración y se encomienda a las Comisiones Regionales impulsar la Política Nacional en el nivel territorial, además de pronunciarse sobre las propuestas de zonificación del borde costero.
En lo que atañe a esta zonificación, el proyecto implica un gran avance en materia de descentralización al encomendar su realización a los Gobiernos Regionales (GORE), en concordancia con la Política Nacional.
Acuerdo entre el Estado y concesionario
Desde un punto de vista jurídico, el concepto de borde costero no ha sido desarrollado por la legislación chilena, sino que solo existen disposiciones dispersas en diferentes textos normativos que hacen alusión al tratamiento de esta unidad geográfica, otorgando facultades y atribuciones a diferentes organismos, lo cual ha impedido una administración ordenada, coherente territorialmente y razonable.
El borde costero presenta una naturaleza jurídica compleja porque integra tanto, bienes nacionales de uso público y bienes fiscales, sujetos actualmente al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, como bienes sujetos al dominio privado.
Administración
Hasta la fecha ha sido el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, es el encargado de la tramitación y otorgamiento de las concesiones marítimas sobre bienes nacionales de uso público y bienes fiscales existentes en el borde costero y, también, en los lagos y ríos navegables por buques de más de 100 t.
Se consideró además como una mejor alternativa radicar la gestión y ordenamiento del borde costero en un órgano de la administración del Estado con vocación territorial, como es el Ministerio de Bienes Nacionales, y entregarle a éste facultades de coordinación de las demás entidades públicas con competencia en el borde costero, a fin de fomentar el desarrollo de esta área de una manera sustentable y armónica.
En concordancia con lo anterior, es necesario contar con un régimen regulatorio de las concesiones marítimas que permita una mayor celeridad en su tramitación y que garantice de mejor manera la seguridad jurídica para sus titulares, considerando los aspectos ambientales, sociales y económicos que confluyen en el borde costero, de forma coherente con la administración y gestión del resto del territorio nacional.
Fuente: AQUA