“Pese al rechazo transversal de los sectores pesquero artesanal, agrícola familiar campesino, comunidades indígenas y forestal, el Gobierno insiste en tramitar con suma urgencia un proyecto que, a juicio de todos los involucrados, no ha sido debidamente consensuado y en condiciones en que el país se encuentra en estado de emergencia por la pandemia”, enfatizó la Conapach. Mientras que la Confepach, subrayó “que, una vez más, se pretenden introducir cambios en la legislación de espalda a los pescadores y sus organizaciones”.

Bajo la titularidad de organizaciones de pescadoras y pescadores, en la región existen trece concesiones marítimas, donde la totalidad de ellas optó por el cambio de régimen, es decir, de concesión a destinación.

En la instancia participaron funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y Fundación Chinquihue.

Se trata de Caleta Melinka.

“Es lamentable que existan personas que insisten en la comercialización ilegal, porque hacen un daño tremendo no solo a la subsistencia del recurso pesquero, sino además a los pescadores artesanales de nuestras caletas, ya que provoca disminución de los precios que se pagan en playa, afectando la economía de pescadores que trabajan cumpliendo la normativa y declarando su desembarque”, enfatizan en Sernapesca.

Las agrupaciones artesanales de la zona tendrán plazo hasta el 7 de agosto próximo para presentar proyectos, en función de algunas de las tres líneas de financiamiento consideradas por la iniciativa.

Esto, en el contexto de la pandemia por el Covid-19.

Iniciativa tiene por objeto dar a conocer aspectos técnicos del nuevo cuerpo legal que rige desde junio del año pasado. Actividad es convocada por OTEC Chinquihue.

Cuenta con la visación de la autoridad sanitaria.