Desde enero de 2024, estas medidas han puesto en foco la importancia de la consultoría y las tecnologías de remediación para cumplir con la normativa y ayudar a recuperar los ecosistemas marinos.

En conversación con Revista AQUA, la doctora en Derecho de Acuiestudios y Magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Jessica Fuentes, analizó cómo afecta a las empresas acuícolas la nueva normativa sobre recuperación de fondos marinos, así como el rol que cumplen las consultoras especializadas en su implementación.

Fuentes expresó que, a la fecha, como no se ha dictado la normativa reglamentaria, por ahora están vigentes las disposiciones de la ley 21.410 que no requieren implementación reglamentaria.

“Esta ley busca mayor efectividad en el objetivo de evitar y reducir la generación de desechos que se liberan al medio ambiente por parte de la actividad de acuicultura. Para ello distingue entre los desechos inorgánicos y los desechos orgánicos”, comentó.

La abogada explicó que los desechos inorgánicos son aquellos que por su naturaleza pueden ser retirados. En general hablamos de objetos que pueden caer al medio, como parte de redes, flotadores, etc.

En este caso, se impone la obligación de adoptar medidas para evitar el depósito de estos desechos en el fondo de la concesión, transportarlos y disponerlos en medios y sitios autorizados. Estas disposiciones entraron en vigor a los seis meses de publicada la ley.

Agrega que respecto de los desechos orgánicos la situación es más compleja porque el retiro puro y simple puede causar dispersión y otras externalidades que deben ser evitadas porque son más perniciosas, tal como lo dejaron de manifiesto, durante la tramitación de la ley, distintos
académicos y científicos de reconocida trayectoria.

En este caso, se está hablando, por ejemplo, de las heces, alimento no consumido, en otros. La doctora en Derecho de Acuiestudios asegura que,
por este motivo, en el caso de los desechos orgánicos se plantea la necesidad que el titular de la concesión adopte medidas para evitar o reducir el depósito de estos desechos en la concesión.

Además, especificó que se deben presentar planes de recuperación y de investigación del fondo marino, y precisamente los requisitos de tales planes deben ser regulados por el reglamento que se encuentra en elaboración.

Agregó que la propuesta reglamentaria incorpora algo que la ley 21.410 no menciona y que es la reducción de la producción en los casos en que un centro de cultivo obtenga una INFA (información ambiental) negativa, esto es, anaeróbica.

“Dicha medida se relaciona con un instrumento del reglamento ambiental para la acuicultura (RAMA), por lo cual estimo que se requiere un mayor análisis acerca de cómo tal medida es coherente con el resto del sistema planteado por el RAMA”, añadió.

En ese sentido, Jessica Fuentes aseguró que la propuesta reglamentaria conocida a la fecha es muy poco específica en cuanto a los requisitos y condiciones que deberán cumplir las empresas para dar cumplimiento a las exigencias de la ley.

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Fotografía principal: Acuiestudios

Segundo fotografía: DVS Tecnología

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En dicha ocasión, la iniciativa legal fue objeto de indicaciones que obligaron a una nueva revisión de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, instancia que finalmente descartó la introducción de cambios a la redacción planteada, criterio que fue finalmente refrendado por la Sala, pese a que un grupo de legisladores de oposición buscó insistir en la materia.

Cabe recordar que la propuesta tiene como idea matriz «la conservación y el uso de los recursos hidrobiológicos, mediante la aplicación del enfoque precautorio en la regulación acuícola-pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos».

En ese contexto, establece que los titulares de concesiones de acuicultura, o quien tenga un derecho sobre dicha concesión para el ejercicio de la actividad en ella, deberán adoptar las medidas para evitar el depósito de desechos inorgánicos en el fondo de la concesión.

Agrega que, constatada la existencia de desechos inorgánicos en el fondo de la concesión, se deberán realizar inmediatamente los trabajos de limpieza en el plazo que fije el reglamento, sin perjuicio de las sanciones que sean procedentes.

De igual forma, subraya que los desechos inorgánicos se deberán transportar y disponer con los medios y en los lugares autorizados por la normativa vigente.

Por otra parte, el proyecto establece que se deberá presentar un plan de recuperación y de investigación del fondo marino en el área de la concesión ante el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), los que deberán cumplir con lo establecido en el referido reglamento.

El plan de recuperación, estipula el documento, tendrá por objeto establecer el uso de mecanismos físicos, químicos o biológicos tendientes a mejorar las condiciones del área de sedimentación, permitiendo que se acelere la incorporación de la materia orgánica al ambiente.

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En el mismo sentido, el plan de investigación tendrá por objeto el estudio y desarrollo de métodos y tecnologías para la recuperación de los fondos marinos, cuyos resultados deberán ser entregados al Sernapesca, para mejorar los planes de recuperación.

Tal como describe la moción, el titular del centro de cultivo en que se hubiere cometido la infracción será sancionado con la suspensión de operaciones por el plazo de dos años contados desde la fecha de la resolución que la impone, o del vencimiento de los plazos para interponer recursos administrativos contra ella, o una vez rechazados estos recursos, según corresponda.

En el caso que el infractor no hubiere retirado inmediatamente los desechos inorgánicos, resalta el texto, la sanción se duplicará.

Por último, se establece que dicha normativa entrará en vigencia en el plazo de dos años contados desde su publicación en el Diario Oficial y que los planes de recuperación e investigación deberán ser presentados al Sernapesca dentro de los seis meses previos a la entrada en vigencia de esta ley.

A su vez, la iniciativa argumenta que «los desechos inorgánicos, existentes a la fecha de publicación de esta ley, en el fondo del área de la concesión, deberán ser retirados por el titular de la concesión de acuicultura o por quien tenga un derecho para ejercer la actividad en ella, en un plazo máximo de dos años desde la publicación de la presente ley».

*Créditos de la foto destacada (de contexto): Proyecsub.

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Durante la jornada, el profesor y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Los Lagos (ULagos), Gerardo González, y el abogado, asesor de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), Cristian Tapia, expusieron y despejaron dudas acerca de, en primer lugar, el movimiento social generado a partir del 18 de octubre, para luego analizar la idea de una nueva Constitución y en qué términos esto afecta o beneficia a la actual Ley de Pesca y el rubro artesanal.

Los pescadores artesanales participantes, en tanto, valoraron la iniciativa en cuanto se acerca un periodo de elecciones y lo mejor para estos propósitos es estar informado, también en lo que se refiere a la organización y el trabajo colectivo que debe existir para seguir trabajando en beneficio de un mejor futuro para la actividad.

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Para Cortés, «el encuentro fue franco, pero que mas allá de eso no se ha conseguido nada distinto», agregando que «la Ley de Pesca fue producto de la corrupción, y lo que es más grave, la ‘Ley Longueira’ no cumplió con su promesa de sustentabilidad de los recursos».

Los distintos dirigentes presentes en la cita plantearon, a su vez, alguna de sus exigencias, como, por ejemplo, un nuevo fraccionamiento de las pesquerías que refleje un acceso equitativo para los pescadores, término de la pesca de arrastre, derecho a una nueva plataforma social que sea más y mejor implementada para beneficio de pescadores artesanales de mayor edad. Sobre este tema se estuvo de acuerdo con que la plataforma social es insuficiente tal como lo ha propuesto el Gobierno. «Exigimos una plataforma social sólida y fuerte», subrayó Cortés.

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El ministro Palacios se manifestó «llano a buscar soluciones consensuadas y de apego a la actual Ley de Pesca». No descartó modificaciones, pero previamente debe estudiar cada punto en profundidad. Por su parte, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya, se mostró conforme: «Estoy optimista, fue un encuentro franco, en el que se avanzó en algunos puntos, en otros no tanto, pero lo más importante es que hay buena disposición y diálogo».

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Destacó como relevante los acuerdos para el Indespa (Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal), «a orden de fortalecer el valor agregado en el trabajo de los pescadores artesanales y el consiguiente apoyo a las organizaciones gremiales».

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*Fuente de la foto destacada (de contexto): Subpesca.

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En la instancia participan la Federación de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de la Región de Tarapacá (Febupesca), el Sindicato El Morro de Iquique, el Sindicato de Cavancha, entre otras organizaciones de pescadores, quienes han puesto sus esfuerzos en materializar cambios a nivel regional respecto a la resolución 3115, así como su postura crítica frente al bono ofrecido por el Ejecutivo en la llamada «agenda social».

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«Hemos estado trabajando en esta ‘Mesa Regional’ para transmitir las necesidades de nuestro sector. Ya hemos participado de tres reuniones, a la cual se sumarán parlamentarios en la próxima sesión, específicamente el lunes 6 de enero. Independientemente de aquello, se está preparando un taller de la macrozona norte, y ya se ha ido informando a las bases para que participen y podamos establecer en conjunto las peticiones que tenemos como sector», explicó el presidente de la Febupesca, Juan Ávalos.

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La actividad tendrá lugar a las 09:30 horas de este martes 10 de diciembre, en la sala de reuniones de la Dirección Magallanes de Subpesca, y estará centrada en la Ley Lafkenche (vigente) y la Ley Bentónica (actualmente en trámite en el Congreso).

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«El taller será impartido por profesionales de nuestro nivel central. Generar espacios de capacitación y divulgación sobre temas diversos en favor de los pescadores artesanales y de otros usuarios es un propósito permanente de Subpesca», resaltó la directora zonal Subpesca Magallanes, Paulina Barraza.

La semana pasada, durante una visita a Magallanes, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya, abordó la realización del taller en el curso de reuniones con pescadores y los instó a participar.

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