Académico sostiene que el Estado renunció a ejercer el derecho que le compete en fiscalizar y cedió ese rol a un privado, abriendo las puertas a la pesca ilegal que concentrada en las regiones del Maule y del Biobío, depreda casi sin control.

Parte de la incautación era un cargamento de 6.000 locos ocultos bajo el chasis de un camión rampla.

El Consejo de la Pesca de Aysén planteó los negativos efectos que tendría en la economía local y para la sustentabilidad, la autorización para que embarcaciones de otras regiones capturen el recurso.

El presidente de la entidad llamó a los congresistas a “informarse bien”.

La Ley 20.256 establece los periodos de pesca, y pone especial énfasis en que debe ser sin fines de lucro, pues está pensada como actividad de turismo o entretención.

Los integrantes del Consejo Pesquero de Aysén llaman a la unidad regional para evitar que más de un centenar de embarcaciones de las regiones del Biobío y de Los Lagos operen sobre la reineta. Acusan que el proyecto fomentaría las capturas ilegales.

La iniciativa establece una asignación mensual para el personal del Sernapesca en función de las nuevas facultades de fiscalización que, entre otras cosas, buscan combatir la pesca ilegal.

El infractor fue sorprendido con 1.800 kilos del recurso en estado vivo y en periodo de veda, siendo trasladados al IFOP para luego ser devueltos al mar.

La Asipes manifestó que la sustentabilidad debe ser la “preocupación esencial” de todos quienes trabajan en el mar.

La denominada “pesca negra” altera las distintas poblaciones de recursos, elimina depredadores naturales y genera una serie de dificultades en los ecosistemas marinos. De ahí la urgencia de recuperar especies sobreexplotadas o colapsadas en Chile, como la merluza común, la anchoveta, el jurel y la sardina.