Su tercera sesión celebró este martes 24 de abril, en la sede parlamentaria de Santiago (Región Metropolitana), la comisión de la Cámara de Diputados encargada de informar la procedencia de la acusación constitucional en contra del ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, con la presencia de profesores de derecho constitucional y un representante de los pescadores de Aysén.
En la ocasión, los académicos Javier Couso, Germán Concha y Patricio Zapata expusieron sobre la especial naturaleza jurídico-política que tiene la acusación constitucional en nuestro ordenamiento institucional, mientras que el dirigente de pescadores artesanales de Aysén Honorino Angulo efectuó un relato pormenorizado denunciando cómo las fuerzas policiales aplicaron violencia desmedida contra quienes se manifestaban durante las pasadas protestas sociales en la Región de Aysén.
Junto con los testimonios recogidos, los diputados que integran la Comisión Encargada de Informar la Procedencia de la Acusación Constitucional en contra del Ministro del Interior y Seguridad Pública acordaron concluir su trabajo ayer miércoles recibiendo a las últimos invitados -la directora del Instituto de Derechos Humanos, el general director de Carabineros y, eventualmente, el dirigente social aysenino Iván Fuentes- y luego proceder a pronunciarse y votar el informe que se pondrá a disposición de la Sala.
Al término de la sesión, el profesor Javier Couso manifestó que "básicamente planteé a los diputados la naturaleza jurídica de la acusación constitucional, que no es la censura parlamentaria propia de regímenes políticos distintos a nuestro sistema presidencialista, ni tampoco un control de legalidad propio de la judicatura, como esgrime en su defensa el ministro del Interior. Se trata de una tradición constitucional centenaria en Chile, donde las autoridades deben dar cuenta y responder ante los miembros del Congreso, que no son necesariamente abogados, por los actos de subordinados suyos, como a mi juicio ocurrió a propósito de los graves brutalidades que ocurrieron en Aysén, donde se condonaron actos policiales como disparos con balines de acero que hirieron gravemente a personas que manifestaban su descontento ejerciendo su derecho a reunión y libertad de expresión".
Por su parte, el profesor Germán Concha sostuvo que "hay bases suficientes para acoger la cuestión previa y entender que la acusación no debiera seguir adelante. Advierto que al hacer ese juicio, la Cámara de Diputados no estaría renunciando a sus atribuciones de manera alguna sino que la estaría ejerciendo como cualquier organismo que debe pronunciarse en un juicio previo de admisibilidad".
Asimismo, opinó que en esta acusación "no hay base suficiente en las causales de fondo para imputarle directamente al ministro del Interior una infracción a la Constitución ni que haya incurrido en la omisión de no ejecutar la ley. De hecho los argumentos que se dan tienen más que ver con conductas de terceros y no se establece una vinculación jurídicamente relevante respecto de esa conducta hacia el ministro que pueda ser vinculante para su responsabilidad".
A su turno, el profesor Patricio Zapata recalcó que la acusación constitucional tiene una especial naturaleza jurídico-política, "porque no es puramente política, sería un peligro que así fuera, pero tampoco es un juicio estricto de legalidad".
"Destaqué además que no debe abusarse del expediente de la llamada ‘cuestión previa», en el sentido que sería peligroso que las mayorías de turno usaran el expediente de que la acusación está mal hecha o mal presentada para no entrar al fondo y votarla. Salvo acusaciones evidentemente mal hechas, a todos nos conviene que la Cámara de Diputados entre en el examen de esta materia, estudie estos asuntos, llame a las personas afectadas, de esta forma se conecte con la ciudadanía y muestre que tiene cosas relevantes que hacer, para después proceder a votarla, sea a favor o en contra", dijo Zapata.
"También dije en la Comisión que hubiera sido mucho más fácil plantear en la acusación que en Aysén se vulneró gravemente el derecho de las personas a manifestarse, al meterse en el mismo saco a quienes usaron la violencia con los miles que se manifestaban pacíficamente, contra quienes se aplicó violencia desmedida y sistemática. A mi juicio, claramente se violó la Constitución por ese concepto; en cambio, los capítulos que se escogieron para acusar resultan más complicados", subrayó el académico.
Finalmente, Honorino Angulo manifestó que "vine a aportar con el tema más crudo que se vivió en la calle y contar mi sentimiento como pescador que fue acusado injustamente solamente por pelear por sus derechos, con la ley que se usa para acusar a los terroristas, ley que tendría que haberse aplicado al propio gobierno porque ellos fueron los que atentaron en contra de nuestras vidas".
El dirigente social afirmó que "sufrimos maltrato a toda escala: maltrato sicológico de parte de Carabineros y después con las bombas, los gases, el guanaco, el zorrillo y toda la fuerza que ellos tienen. Ver tanto carabinero en la calle hace que uno tenga mucho temor y se recuerde de tiempos pasados muy oscuros".
Al término de la sesión, el diputado Rodrigo González (PPD), coordinador de los diputados acusadores, declaró que "el testimonio del dirigente de los pescadores artesanales fue impactante, dejando claramente establecido cómo hubo una violencia masiva y muy brutal de Carabineros, el uso de balines de acero, mujeres que fueron golpeadas, el lanzamiento de lacrimógenas al interior de las casas, que los policías provocaron continuamente a la gente y parecían instruidos para exacerbar la violencia en la zona. Con ello quedó perfectamente establecido que aquí existe responsabilidad que proviene del gobierno central y que el Ministerio del Interior no cumplió con su función de resguardar el orden y proteger a la gente, sobre todo a manifestantes inocentes y personas al interior de sus casas".
Por otro lado, el parlamentario manifestó su disconformidad con el trabajo de la Comisión. "Esta se constituyó tardíamente y eso generó que mucha gente no pudiera venir; a otros se les invitó a última hora y por ello no pudieron concurrir, a algunas personas que queríamos invitar se votó para que no concurrieran y hemos tenido que estar luchando permanentemente para allegar más testimonios. Además, la Comisión no prolongó su trabajo por todo el tiempo que correspondía sino solamente por tres días, que es absolutamente insuficiente para conocer y evaluar los antecedentes requeridos", argumentó.
Al realizar un balance de la tercera reunión, el presidente de la Comisión, diputado Frank Sauerbaum (RN), sostuvo que "hemos escuchado distintas posiciones en materia constitucional y me llamó la atención, por ejemplo, que uno de los profesores dijera que la acusación podría tener asidero siempre y cuando se considerara violado el derecho a reunión, cosa que no fue incluida en el libelo, y que en lo demás no le parecía a él pertinente".
Respecto a las críticas al trabajo de la Comisión de parte de los impulsores de la acusación, el diputado Sauerbaum recalcó que "ellos querían que dilatáramos esto lo más posible, pero no lo podemos hacer. Tenemos un mandato de la Sala y respetar la ley, que da seis días para escuchar a las distintas partes después de que el ministro contestara. Los propios diputados de la Comisión tomaron la decisión de trabajar hasta el miércoles (ayer), por un tema práctico: estamos en semana distrital, todos somos diputados de regiones y tenemos que volver a nuestros distritos, así que se determinó trabajar intensamente los tres días para escuchar a todas las partes", concluyó el legislador.
Fuente: PESCA al día